La organización no gubernamental (ONG) Súmate, realizó una petición ante la directiva del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) de prorrogar las elecciones regionales y municipales del próximo noviembre a los primeros días de mes de diciembre, para así garantizar que lo más de cinco millones de ciudadanos que necesitan inscribirse y actualizar sus datos en el registro electoral puedan hacerlo.
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La ONG manifestó que en el caso de darse esa postergación, el CNE podría alargar la Jornada Especial de Inscripción y Actualización en el Registro Electoral hasta el 30 de julio, 15 días adicionales. Aclaran que esta decisión no conllevaría a ninguna violación del marco establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Asimismo, a través de una nota de prensa denunciaron la “utilización de la coacción para obligar a los ciudadanos trabajadores del Estado como beneficiarios de las misiones socioeconómicas a inscribirse o realizar cambios de centros de votación, en este último caso para el control el día de la elección con el fin de asegurar que el voto sea a favor de esa parcialidad política en las próximas elecciones”.
En este mismo orden ideas, Súmate enfatizó hubo sesgo a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la distribución de puntos electorales. Citan que a través de una investigación descubrieron que por cada punto de inscripción y actualización que se colocó en los estratos más desfavorables al Psuv, se ubicó el doble de Puntos en los estratos más favorables, lo cual “es una evidente muestra de ventajismo y del sesgo político en la distribución de los mismos en la jornada especial”.
Este martes, el ente electoral ofreció una rueda de prensa a través del presidente, Pedro Calzadilla, quien informó la inclusión de 20 nuevas organizaciones con fines políticos, incluida la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quien había sido inhabilitada en el 2016. En la alocución, Calzadilla anunció que han sostenido conversaciones con las organizaciones sobre términos, propuestas y contenidos que regulan los procesos de campaña electoral, y han acordado ratificar la prohibición de puestos de organizaciones políticas en las adyacencias de los centros de votación.
