Ortega Díaz: “Cabello recibió 100 millones de dólares de empresa relacionada a Odebrecht”

Patrizia Aymerich.- “En Venezuela no hay ninguna garantía de justicia”, dijo este miércoles la fiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, pero quizás sí una esperanza. Viajó a Brasil para participar en la XXII Reunión Especializada de Ministerios Públicos de Mercosur, llevando consigo una serie de pruebas que podrían implicar a un sinnúmero de funcionarios bolivarianos en la red de lavado de dinero internacional Odebrecht, así como en otros casos  de corrupción.

Los primeros nombres en salir de la boca de la jurista han sido los del presidente Nicolás Maduro, a quien nombró en su estancia en Colombia el pasado martes; el número dos del régimen madurista, Diosdado Cabello; y Tarek William Saab, ex defensor del pueblo, ahora fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el madurismo.

Ortega Díaz señaló de Cabello que “ha recibió 100 millones de dólares a través de una empresa que lo implica en el caso Odebrecht”, mientras que de Saab dijo: “Tiene 6 casos de corrupción vinculados con PDVSA y las pruebas están en mi poder. No cooperen con Saab, porque las pruebas serán destruidas”.

“Podrán haber destruido los expedientes, pero las copias verificadas están en mi poder”, dijo Ortega Díaz.

Sobre esto indicó que actualmente “no hay control en el Estado de los ingresos petroleros porque el Ministerio Público y la Asamblea Nacional fueron disueltos”. Aunque para el gobierno de Nicolás Maduro estos poderes siguen en marcha, con la gerencia directa del Ejecutivo Nacional, esto incluye al Parlamento, de mayoría opositora, que ha sufrido una anulación de facto, imposibilitando a los diputados ejercer sus funciones desde que fueran elegidos en elecciones parlamentarias en diciembre de 2015.

Venezuela ha sido la nación que menos ha cooperado en la investigación internacional sobre el caso Odebrecht, empresa que en el país tiene 11 obras sin terminar, según la fiscal. En febrero de este año, el fiscal 55º nacional, Pedro Lupera, ordenó el allanamiento a la sede de Odebrecht en Caracas, así como congelar las cuentas de la constructora en Venezuela, como parte de las investigaciones sobre irregularidades en las contrataciones de la empresa brasilera. Tanto él, como Ortega Díaz y su esposo, el diputado Germán Ferrer, y la asistente del despacho del MP, Gioconda González, son perseguidos por la justicia venezolana por estar implicados en una red de corrupción y legitimación de capitales dentro de la Fiscalía, acusados por el propio Saab.

Corrupción con las bolsas CLAP

La fiscal venezolana también puso en jaque la transparencia de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, mejor conocidos en el país suramericano como CLAP. Las bolsas de comida que se le brindan cada quince días a los venezolanos censados como parte de un programa gubernamental, provienen de una empresa mexicana denominada Group Grand Limited, que estaría a nombre de Nicolás Maduro Moros, de acuerdo con Ortega Díaz.

Los propietarios de esta compañía serían Rodolfo Reyes, Alvaro Pulido Vargas y el colombiano Alex Saab, cuya participación en el hecho fue confirmada en abril, en una investigación de Armando Info. Estos dos últimos hombres están siendo actualmente investigados por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, en inglés).

Sin embargo, de acuerdo con datos de Armando Info, Group Grand Limited fue registrada en Hong Kong en 2013, bajo las leyes de esta región administrativa de China y tendría sede en El Rosal, en Caracas.

Asilo político

Luego de su viaje a Brasil, donde Ortega Díaz ha sido reconocida como la legítima fiscal general de Venezuela, se trasladará hasta Colombia para “tomar una decisión” sobre en qué país pedirá asilo político.

Agregó que desde donde esté colaborará con la comunidad internacional para combatir la delincuencia organizada.

La abogada venezolana, que ha servido al chavismo durante los últimos 18 años, recibió protección del gobierno colombiano a su llegada a Bogotá, informó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no ha negado su intención de otorgarle el asilo.

Saab acusó a Ferrer de liderar red de corrupción con dinero de Pdvsa

Patrizia Aymerich | @Patifini

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