Ortega Díaz y sus seguidores piden referendo consultivo sobre Asamblea Constituyente

Patrizia Aymerich. Una y otra vez, el tumulto en la Fiscalía vociferaba: “Apoyo a la fiscal, apoyo a la fiscal”. Los trabajadores del Ministerio Público se reunieron hoy para respaldar las decisiones de Luisa Ortega Díaz en las últimas semanas, cuando parece haberse estado deslindando de la posición gubernamental frente a las demandas –cada vez más fuertes– de la oposición venezolana.

“En la medida en que el pueblo de Venezuela articule unida en funciones de lograr la justicia nosotros estaremos logrando los objetivos de la paz y la tranquilidad, de la seguridad, del derecho a la alimentación, a la salud”.

Así comenzaba su discurso la misma fiscal general que encabezó los casos de encarcelamientos en contra de centenares de opositores durante las protestas antigubernamentales de 2014, incluyendo la condena de a casi 14 años del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien permanece preso en Ramo Verde.

Esta vez, apeló a la Constitución para esgrimir, por primera vez, una cadena de problemas que han socavado la crisis general que afecta el país y que ha derivado en una serie de manifestaciones contra gobierno desde principios de abril, en una repetición de los hechos ocurridos en 2014 con “La Salida”.

La abogada de 59 años señaló que es necesario realizar un referendo consultivo para conocer si el pueblo está de acuerdo con la iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Ejecutivo nacional y avalada por el Poder Electoral que impuso las elecciones para el 30 de julio.

“Tenemos el derecho de ser consultados sobre si se elimina un poder”.

“Es necesario preservar las instituciones”, dijo haciendo énfasis en la necesidad de autonomía del Ministerio Público.

“Hay que preservarlo porque yo en algún momento me tendré que ir de aquí (MP), esto no es mío”, afirmó la abogada que se encuentra actualmente en mitad de su segundo período en el cargo, que asumió por primera vez en 2008 y fue ratificada en 2014 por el propio Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional.

Sobre las irrupciones violentas que llevó a cabo el Sebin y otros cuerpos de seguridad del Estado en las residencias Los Verdes, de El Paraíso, en Caracas, afirmó que es una “práctica malsana”. “Abordan un sector y hacen allanamientos masivos, destruyen las propiedades de las personas y las propiedades colectivas, como ascensores y rejas”. Agregó que el MP ya está investigando lo sucedido y que, incluso, realizó un trabajo social en el lugar.

Entre las denuncias que ha hecho recientemente, hasta ha deslumbrado el número de homicidios intencionales en Venezuela que en 2016 alcanzó una tasa de 70,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Una cifra –entre otras muchas– que el gobierno se ha esmerado por tapar.

Fiscal Luisa Ortega Díaz exige referendo consultivo sobre constituyente #LoMásVistoVPI

“Los tengo a todos en mi corazón”

Con esta frase cerraba Ortega Díaz su discurso ante el grupo de funcionarios. A todos los tiene en su corazón, a opositores y chavistas, mientras que ningún grupo ha sabido explicar el porqué del giro político que ha tomado la fiscal.

No solo fue responsable del encarcelamiento de López en 2014, también pidió la pena máxima contra los policías metropolitanos que fueron condenados en 2012 por las muertes del golpe de Estado del 11 de abril, entre ellos los ex comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas.

En este orden, ha emitido acusaciones en contra de líderes como Carlos Ortega (presidente de CTV), Carlos Fernández (presidente de Fedecámaras), y la organización no gubernamental Súmate,

Pero un revés ha ocurrido en los últimos días. La jurista impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre 2015 por el Congreso entonces chavista, por haber sido un proceso viciado e irregular, en el que muchos de los escogidos; e interpuso un recurso contencioso electoral de nulidad ante la Sala Electoral del TSJ para suspender los efectos de la Asamblea Nacional Constituyente.

El chavismo no solo no ha atendido a las acciones tomadas por Ortega Díaz, sino que la ha calificado de “indigna” y de tener “insania mental”. El número dos de la revolución, el diputado Diosdado Cabello, hasta pidió «perdón» por haber apadrinado su nombramiento en el cargo.

Ya en 2016 se vislumbraban los primeros atisbos de distanciamiento con el Ejecutivo, cuando fue excluida de la elección del Consejo Moral Republicano, el cuerpo que agrupa a las instituciones del Poder Ciudadano -Fiscalía, Contraloría, y Defensoría del Pueblo- pese a que le correspondía por derecho.

En ese entonces, Ortega Díaz también denunció la masacre de 21 mineros en el sur del Estado Bolívar, que había sido negada por el gobierno chavista local; y exhortó a revisar los procedimientos de la Operación Liberación del Pueblo, uno de los planes de seguridad lanzados por el gobierno que ha sido cuestionado por sus prácticas violatorias de derechos humanos.

Como quien se aferra a una Biblia, hoy sujetaba entre sus manos la Carta Magna de 1999 impulsada y defendida por el ex presidente Hugo Chávez, en una respuesta fervorosa a la amenaza del presidente Nicolás Maduro sobre su posible salida del cargo en 41 días cuando se lleven a cabo los comicios de la ANC:

“Tenemos que aferrarnos a nuestra Constitución, cuanto nos costó. Tenemos que llevarla en nuestro corazón, así cerquita, para defenderla, para quererla para hacerla efectiva”.

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