Patricia Ceballos: «Gobierno usa presos políticos como rehenes»

La alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, rechazó hoy el diferimiento de la audiencia a su esposo el ex-alcalde del municipio San Cristóbal en Táchira, Daniel Ceballos, preso desde 2014.

«Hoy todos los funcionarios se encuentran frente a un gran dilema, porque si dejan preso a mi esposo se las van a tener que ver con la justicia por el secuestro y los crímenes de lesa humanidad que han cometido».

Desde las puertas del Palacio de Justicia, señaló que «más temprano que tarde este gobierno va a caer y tendrán (gobierno) que enfrentar ante la justicia el secuestro de mi esposo desde hace 3 años».

«Mi esposo está más libre que nunca de pensamiento, algo que nunca le van a poder quitar, sus pensamientos e ideales».

Agregó en transmisión para VPI TV que los presos políticos en Venezuela «han sido usados como rehenes, pues en el momento en que necesitan algo de un país o de otro, o de la Iglesia, los tratan como barajitas».

Daniel Ceballos fue suspendido y destituido de su cargo por el Tribunal Supremo de Justicia por desacato a la orden del Ministerio Público en las protestas de 2014, convocadas por la oposición. Tras esta medida fue detenido por el Sebin, y llevado a la cárcel militar de Ramo Verde donde permanece hasta ahora, acusado de apoyar «guarimbas y llamados a la violencia» por el Ejecutivo Nacional.

En la actualidad, existen 444 presos políticos en el país, un número que incrementó considerablemente desde el comienzo de las protestas contra gobierno en abril, según la ONG Foro Penal. La oposición, en cambio, dice que hay más de 1000, pues contabilizan a estudiantes, periodistas y representantes de la sociedad civil aprehendidos por las fuerzas de seguridad en manifestaciones opositoras o en las inclusiones violentas y sorpresivas que ha hecho el Sebin en algunos hogares venezolanos.

En los últimos tres meses, han habido 4072 arrestos por protestas, de los cuales 1007 personas permanecen detenidas. 479 personas han sido presentadas ante tribunales militares, de los que 307 han quedado privadas de libertad, según Foro Penal.

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