Patrizia Aymerich.- Un expediente oscuro sirve de base para una designación ilegal. Katherine Nayarith Haringhton Padrón fue elegida hoy como vicefiscal de Venezuela, en un acto llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia, pero que según la ley venezolana es competencia de la Asamblea Nacional. Su elección no solo se da bajo un procedimiento ilegal, calificado por la oposición y el Ministerio Público como un nuevo golpe de Estado, sino que está signado por un dossier sombrío de torturas y violaciones a los derechos humanos.
Haringhton fue la fiscal estrella del Ministerio Público hasta 2014 y la encargada de llevar los casos a líderes de la oposición, hoy perseguidos o presos políticos. Hasta septiembre de 2016 ocupó el cargo de viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, sustituida por el Comisario José Humberto Ramírez Márquez.
Como funcionaria pública, en 2012, actuó contra la doctora Ana María Abreu de San Miguel (hermana de la activista por los derechos humanos Rocío San Miguel) acusada de delitos contra la seguridad de la nación por una supuesta fuga de información. Un año más tarde, acusó a Yendri Sánchez del delito de “ofensa agravada al jefe de Estado”, cuando el joven se abalanzó contra Nicolás Maduro durante su juramentación como presidente el 19 de abril de 2013.
Pero su expediente no termina allí. En junio de 2014, firmó la citación contra Tamara Sujú, directora de la ONG Foro Penal, para que compareciera por acusación de desestabilización y traición a la patria. Ese año, imputó al grupo de personas, en un sonado caso de detenciones en el estado Táchira, que terminó con la aprehensión de Emilce Santarelli, Alfonso Contreras y José Alirio Pernía por los cargos de delitos de terrorismo, extorsión agravada, asociación para delinquir y tráfico de armas. Además imputó a Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza por complicidad en los delitos de tenencia de artefactos explosivos en la sede de la ONG y obstrucción de la vía pública. Tras esta decisión, el joven escapó al exilio y se encuentra radicado en Estados Unidos actualmente.
El 15 de enero de 2015, como fiscal vigésima del Ministerio Público imputó a la diputada Gaby Arellano, del Frente Universitario de Voluntad Popular, por el delito de conspiración y actualmente se encuentra en un proceso judicial, de acuerdo con información de Efecto Cocuyo.
Un mes después, imputó al alcalde metropolitano Antonio Ledezma -preso desde el 19 de febrero de 2015- por los delitos de organizar y ejecutar actos violentos contra el gobierno de Venezuela.
Su apellido ha estado implicado también en los procesos en contra de numerosos opositores como la jueza María Lourdes Afiuni -presa política desde diciembre de 2009 hasta de junio de 2013, cuando se le concedió libertad condicional-, el abogado Gustavo Tarre Briceño, y los líderes opositores Diego Arria, Henrique Salas Romer y María Corina Machadao, cuando esta fue llamada a tribunales acusada de vinculación con un “plan magnicida” contra Maduro.
Por su actuación en el órgano público, el ex presidente Barack Obama la incluyó en la orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, lo que le abrió las puertas de entrada a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que bloquea la propiedad y suspendió “la entrada a Estados Unidos de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”.
En la lista están los altos funcionarios del gobierno de Maduro, involucrados en redes de narcotráfico y organizaciones guerrilleras terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
En aquel momento, el gobierno repudió la decisión de Obama e incluso Luisa Ortega Díaz defendió la moral y la honra de Haringhton. Esta vez, en cambio, la designación de Harrington fue recibida por la fiscal general como un “golpe de Estado más grotesco que el de Carmona”.
