Luisa Panagua.- El diputado Henry Ramos Allup reiteró que en Venezuela el golpe de Estado continúa, a pesar de la “revisión” que hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a las sentencias 155 y 156.
Durante su participación en la sesión de la Asamblea Nacional (AN) para iniciar el proceso de destitución de los magistrados, afirmó que cuando el máximo tribunal se dio cuenta del escándalo mundial creado por la usurpación de funciones legislativas y el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, aplicaron la operación ‘tijera” a las resoluciones.
Y es que, según el diputado, la propia Sala está incapacitada para corregir sus propios fallos, de acuerdo a una resolución del año 2003 que determinó que esto es inconstitucional.
Ramos aseguró que con el comunicado emitido por el tribunal, este continúa adjudicándose competencias del Parlamento debido a que en el documento repite la figura del desacato que pesa sobre la AN.
Se refirió al principio universalmente aceptado de la indelegabilidad de las funciones de poder publico, por lo tanto, la corte no está facultada para ejercer ninguna de las responsabilidades del Parlamento.
El diputado mencionó algunas de las 48 resoluciones publicadas por el TSJ contra la Asamblea. como la emitida el 30 de diciembre de 2015, antes de que el nuevo Poder Legislativo tomara posesión, en el que declaró nula y sin efecto la elección de los diputados de Amazonas, a quienes se acusó de delitos electorales. Esto con el objetivo de disminuir la mayoría calificada alcanzada por la bancada de la Unidad.
Mencionó también el recurso de amparo introducido por el legislador oficialista Héctor Rodríguez ante el máximo tribunal el 22 marzo 2017, por el acuerdo de la AN de solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“El TSJ resolvió, vaya usted a saber con qué criterio que la decisión habría de resolverse como de mero derecho”, señaló Ramos. Lo que quiere decir que obligó al Legislativo a aceptar la defensa que le impusiera la Procuraduría ante una querella en su contra en vez de defenderse con los abogados del Parlamento.
Respecto a la intervención del Consejo de Defensa Nacional (Codena) promovida por el Ejecutivo tras las declaraciones de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, en las que determinó que las setencias de la Sala Constitucional constituían una ruptura constitucional, Ramos indicó que el Codena carece de las competencias para dirimir diferencias entre los poderes públicos y, aunque el Supremo sí puede hacerlo, en este caso es parte de la controversia, por lo tanto tampoco puede resolver la disputa entre la Asamblea y el mismo TSJ.
