¿Por qué la comunidad universitaria rechaza la sentencia 0324?

¿Por qué la comunidad universitaria rechaza la sentencia 0324?

El 27 de agosto de 2019, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro dictó la sentencia 0324 en que convoca las elecciones de autoridades universitarias «con periodo académico vencido» hasta que se resuelva la nulidad de inconstitucionalidad del artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación. Este pronunciamiento lo dió el Poder Judicial luego de ocho años de silencio y ausencia, en que modifica la manera cómo se realizan los comicios y establece como igualitario el voto de toda la comunidad que hace vida en las casas de estudios del país. Dentro de esta medida, se dio un plazo de seis meses que se cumplirá el próximo 27 de febrero.

Con esta medida, se anula la sentencia N° 1558 del 10 de noviembre de 2009. Para ese entonces, la población estudiantil estaba radicalizada por el chavismo tanto en autoridades como en planchas. No obstante, en la deserción de la calidad de vida del venezolano promedio y la agudización de la crisis social, política y económica del país, la oposición fue ganando territorio y, por supuesto, las autoridades permanecieron en su cargo ya que no existían las condiciones suficientes para realizar unas elecciones.

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Estas autoridades son (y eran) Cecilia García Arocha, de la Universidad Central de Venezuela; Mario Bonucci Rossini, de la Universidad de Los Andes; Jorge Palencia Piña, de la Universidad del Zulia; Jessy Divo de Romero, de la Universidad de Carabobo; Enrique Aurelio Planchart Rotundo, de la Universidad Simón Bolívar (USB); Francesco Leone Durante, de la Universidad Centro Occidental «Lisandro Alvarado»; José Vicente Sánchez Frank de la Universidad Nacional Experimental de Táchira; Rita Elena Áñez, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre»; Luis Ugalde Olalde, en ese momento Universidad Católica Andrés Bello y Diana Josefina Romero la Roche, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (LUZ).

¿Por qué la comunidad universitaria rechaza la sentencia 0324?

Cecilia Arocha García, rectora de UCV | Foto: cortesía

Condiciones de la sentencia

En una forma de inclusión, se buscó que los obreros y personal técnico votarán para elegir a las próximas autoridades. Este voto tendría un valor de un punto, a diferencia de los profesores que tendrían hasta 25 puntos. De esta manera, se buscaría integrar a toda la comunidad universitaria en lo que sería un evento interno de su competencia.

Ahora, con la nueva sentencia, todos los votos serán igualitarios de un solo punto y con el fin de aprovecharse de la deserción de los docentes que actualmente han sufrido la mayoría de las casas de estudio.

Por esta razón, la comunidad universitaria ha rechazado desde el año pasado estas medidas por parte del régimen de Nicolás Maduro, pues aseguran que no es competencia del Poder Judicial del régimen, sino de la Ley de Universidad que está consagrada en la Constitución.

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“El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación”, dicta el artículo 109 de la Carta Magna.

El Consejero Universitario de UCV, Jesús Mendoza, en representación del movimiento estudiantil, convocó una movilización para el próximo 27 de febrero con el fin de «defender la autonomía universitaria». Días antes, el rector Bonucci habría instado en suspender la sentencia para realizar los comicios como lo establece el artículo 109 de la Carta Magna. «Y que cada universidad, en términos de su autonomía, considere si va a ampliar la participación pero en términos de su autonomía”, dijo.

Pero no solo Bonucci se ha pronunciado, sino García Arocha, quien lo calificó como “inconstitucional e ilegal”

Hasta los momentos, no se sabe como desencadenará las acciones del próximo 27 de febrero, sino la movilización del movimiento estudiantil. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional se han pronunciado en varias ocasiones en defensa de la autonomía universitaria.

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