La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este miércoles “la intimidación en Venezuela a través de leyes de difamación y procesos judiciales para perseguir la opinión crítica e independiente”, luego de que se hiciera pública la demanda contra cuatro periodistas del portal Armando.Info por la investigación sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Tras recibir amenazas y luego ser demandados judicialmente por el empresario colombiano Alex Saab, presunto vinculado a los casos de corrupción en cuestión, los editores de dicha página web, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, abandonaron el país al igual que el reportero Roberto Deniz.
A los profesionales de la comunicación social también les divulgaron información personal a través de las redes sociales, por lo que el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, criticó que el gobierno utilice uno de sus “mecanismos favoritos”, en referencia a “las leyes de difamación y los consiguientes procesos judiciales” para “frenar la difusión de información crítica y generar autocensura”.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, dijo por su parte que no extraña que “los colegas hayan tomado la difícil decisión de salir del país”, pues la “posibilidad de un proceso judicial justo e independiente”, en su opinión, “es escasa”.
“Empresarios cuestionados en Ecuador y EEUU le venden comida al gobierno venezolano”, y “De Veracruz a La Guaira: Un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba”, fueron los títulos de los dos reportajes publicados por Armando.Info en abril y septiembre de 2017, respectivamente. En ambos artículos, firmados por Deniz, se vincula a Saab con la empresa Group Grand Limited, y la venta al gobierno de Maduro de alimentos a precios subsidiados para que fueran distribuidos en zonas populares.
Dicha compañía habría sido beneficiada por el gobierno nacional con un contrato multimillonario para adquirir suministros de alimentos subsidiados, de acuerdo a la investigación de los periodistas, que fueron demandados por Saab por la presunta comisión de los delitos de “difamación” e “injuria” agravadas, los cuales conllevan penas que van desde uno hasta seis años de prisión.
También por investigar sus negocios, Saab denunció en 2017 al periodista Gerardo Reyes, de la cadena Univisión, con sede en Miami.
