El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruíz, declaró en exclusiva a VPItv que dos periodistas del canal regional Promar TV fueron suspendidos por órdenes de la gobernadora del estado Lara, Carmen Meléndez, luego de que ambos aplaudieran tras el discurso que ofrecieron los sacerdotes señalados como “incitadores al odio” por el presidente Nicolás Maduro.
“No hay elementos que puedan señalarse como irresponsables en el manejo de la información. A propósito de unas presiones que realizó la gobernadora del estado Lara, se encuentran suspendidos de sus funciones desde el día domingo”, denunció Ruíz, quien explicó que no existió ninguna falla en la cobertura de la noticia por parte de Valeria Piña y José Alejandro Aristimuño, los comunicadores sociales suspendidos.
Agregó que esta sanción no está prevista en la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que tildó este hecho de “ilegal e inaceptable”, pues a su juicio “vulnera el derecho a la comunicación”.
Cabe recordar que Maduro ordenó a las autoridades investigar al monseñor Antonio López Castillo y al obispo Víctor Hugo Basabe, a quienes llamó “diablos con sotanas” por sus opiniones críticas contra su gobierno en las homilías ofrecidas en el marco de la visita 162 de la Divina Pastora a la capital larense.
“El Estado usa los recursos públicos como VTV para perseguir a la disidencia y a todas aquellas personas que cuestionen al gobierno”, criticó, e hizo mención especial al programa “Con el mazo dando” que conduce el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en el que sí se producen “incitaciones al odio”, condenó.
Recordó que en 2017 se registraron al menos 500 agresiones contra los periodistas en Venezuela, especialmente entre marzo y junio de ese año, cuando se registró la ola de protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 muertos, miles de heridos y otros tantos detenidos.
Además, trajo a colación que en ese período de tiempo se produjeron como mínimo unas “60 detenciones rápidas”, en las que se privó de libertad a diversos trabajadores de la prensa por intervalos de tiempo que iban de cuatro a ocho horas, tanto en sedes policiales como en las del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Dicho esto, lamentó que el gobierno no esté “interesado en resolver la crisis, sino en silenciarla, para que no se conozca la realidad”. Por ello pidió a los periodistas, comunicadores sociales y demás empleados de los medios de comunicación, incluyendo a los directivos, que “asuman con gallardía la labor de informar, estar al servicio de la gente, y no tolerar chantajes”.
