Rafael Narváez: “Sentencias relámpagas del TSJ son implacables contra los derechos políticos”

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El máximo tribunal de la República es valiente para despojar de símbolos y tarjetas a organizaciones políticas por el solo hecho de reclamar justas condiciones y garantías electorales para el soberano, con decisiones rápidas que vulneran el debido proceso establecido en el Art. 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), pero muy débil para investigar y procesar penalmente a los cuerpos de seguridad del Estado, que siguen cometiendo atrocidades, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales encabezadas por el grupo exterminio “FAES ” con total impunidad.

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Estamos en presencia de una justicia penal politizada que actúa contrariando sus atribuciones y competencias establecidas en nuestra carta magna y en la ley orgánica del poder judicial, que obliga a mantener su autonomía e independencia para garantizar a los ciudadanos un sistema de justicia imparcial, transparente y sin color político.

Es oportuno recordarle al poder judicial, que el enemigo no está en los partidos políticos, ni en los medios de comunicación social, periodistas, médicos, parlamentarios, ni en el ciudadano que protesta por la crisis sanitaria y las fallas permanentes de los servicios básicos  (agua, energía eléctrica, gas doméstico). El verdadero enemigo es el Covid-19, la impunidad y la subordinación de los poderes públicos, que siguen dejando en un grado de indefensión a las víctimas de la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado.

Para finalizar,se le debería exigir al TSJ, el diseño de un protocolo ajustado a las normas emanadas de la OMS para evitar el contagio y reiniciar las actividades judiciales en todo el país. Actualmente, el sistema de justicia esta paralizado y solo existe para perseguir a la disidencia opositora, además de dar luz verde al Estado para seguir aplicando su política pública de vulnerar los derechos civiles y políticos y garantías constitucionales.

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