Venezuela: torturas y penas crueles como políticas de Estado

Cada 26 de junio el Sistema Internacional celebra el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, fecha que evoca la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1997.

En un informe realizado a distancia sobre Venezuela, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (OHCHR), se documentan unos 90 casos de personas detenidas que fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde 2014.

El informe de 61 páginas, señala y denuncia de forma clara la existencia de un patrón de violaciones a los derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas, por parte de los cuerpos de seguridad, quienes han cometido estos delitos de forma generalizada y sistemática contra manifestantes y detenidos.

La OHCHR levanta su voz sobre lo que ocurre en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro, al considerar que el Estado de derecho en el país está “virtualmente ausente” y afirmar que los espacios democráticos se han cerrado en esa nación, instando con urgencia, tanto al Gobierno venezolano como a la comunidad internacional, a tomar medidas inmediatas para detener las graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo homicidios, torturas, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, malos tratos y la negativa del ejecutivo a reconocer la magnitud de la emergencia humanitaria compleja del país, que requiere adoptar reformas eficaces en los sectores sanitarios y alimentarios.

Bajo esta línea de acción, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó al Consejo de Derechos Humanos a que establezca una comisión internacional de alto nivel que investigue los presuntos atropellos a las garantías fundamentales cometidos en el país, pues el gobierno de Maduro no parece capaz, o no está dispuesto a enjuiciar a los supuestos responsables.

El Alto Comisionado destacó la importancia de hacer una pesquisa imparcial, en vista de que las autoridades venezolanas han fallado en la tarea de identificar y someter a la ley a los perpetradores de los abusos, determinado la existencia de sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional (CPI) en esta materia.

Con información del Centro de Justicia y Paz.

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