Un grupo de personas que fueron víctimas del ataque armado que ocurrió en la ciudad de Toronto, Canadá, durante el mes de julio del 2018 iniciaron una demanda contra la fábrica de armas Smith & Wesson por no implementar medidas que habrían evitado la masacre.
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Las víctimas demandaron a los dueños de la fábrica por 150 millones de dólares canadienses por no establecer las medidas de seguridad en las armas.
Los fabricantes se comprometieron en el año 2000 a implementar las medidas necesarias para firmar un acuerdo con la administración del expresidente Bill Clinton.
Sin embargo, con la llegada de George W. Bush se anuló dicho acuerdo.