La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la solicitud de comparecencia de los ex ministros Jorge Giordani y Héctor Navarro, con la finalidad de que suministren información sobre la asignación de divisas por un monto superior a los 20 mil millones de dólares a empresas de maletín, hecho reconocido por el propio gobierno.
El vicepresidente de la Comisión, diputado Ismael García, afirmó que ambos ex funcionarios deben ahondar en las denuncias que han formulado públicamente cuando integraban el Gabinete Ejecutivo, por lo que se les solicitará toda la información concerniente a las referidas irregularidades.
CASO ALIMENTARIO
La Comisión de Contraloría también aprobó iniciar una averiguación sobre la situación de alimentos en Venezuela, tras las múltiples denuncias formuladas por la Diputada al Consejo Legislativo del estado Carabobo, Neidy Rosal.
En este sentido, se acordó realizar inspecciones a los principales puertos del país (Puerto Cabello, La Guaira, Guanta y Maracaibo), así como a las redes de distribución y almacenamiento de Mercal, PDVAL y Bicentenario, con el objeto de verificar la situación de dichas instalaciones y el estatus de inventarios de alimentos.
La parlamentaria regional recordó que 160 mil toneladas de alimentos se pudrieron en 2010 sin que a la fecha haya sido sancionado ningún funcionario. Igualmente, apuntó que 65% de la producción de alimentos del país está controlada por el gobierno nacional, a través de empresas como Diana, Fama de América, Monaca, Agropatria, entre otras, por lo consideró que la actual crisis que atraviesa el país no puede justificarse bajo una supuesta «guerra económica».
Por su parte, el diputado Carlos Berrizbeitia propuso a la Comisión elevar a la plenaria de la Asamblea Nacional un informe especial sobre las gestiones del ex ministro de Alimentación, Félix Osorio; el ex presidente de Pdval, Carlos Osorio; y al actual titular del despacho de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, a los fines de determinar las responsabilidades políticas a que haya lugar por la grave escasez de alimentos en Venezuela.
La Comisión de Contraloría también acordó revisar el procedimiento de contratación de la empresa brasileña JBS, que recibió adjudicación directa de 2.100 millones de dólares en junio de 2015, para la importación de pollo y carne.
