En claves: actualización del informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela

La presidenta de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, expresó su preocupación por la situación de los presos políticos debido a la falta de respuesta a sus procesos judiciales, así como la represión contra periodistas, ataques contra las comunidades indígenas y detenciones arbitrarias.

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Durante el 52º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Valiñas alertó que durante el último año se han “recrudecido los ataques” contra los medios de comunicación y recordó citando la ONG Espacio Público, el Estado venezolano ordenó el cierre de al menos 80 estaciones de radio en 2022, el mayor número registrado en las últimas dos décadas.

Además, destacó que la Fiscalía de ese país y la Misión coinciden en que las reformas legales relacionadas con el sistema de justicia han sido “insuficientes y “limitadas”. “Se concluyó con motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en centros de detención y que los individuos de las fuerzas de seguridad podrían enfrentar responsabilidad penal por estos crímenes”.

Durante su alocución, también denunció que “persiste la represión” contra actores de la sociedad civil, opositores, periodistas, líderes políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Además, señaló que la persecución a líderes sindicales se ha “intensificado” durante el último año en medio de las protestas del sector público.

“Entre los meses de julio y agosto de 2022 fueron arrestados seis activistas y líderes sindicales, incluyendo a Gabriel Blanco (Alianza Sindical Independiente) y Emilio Negrín (Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela), quienes enfrentan cargos de terrorismo y asociación para delinquir”, explicó en cuanto a las detenciones arbitrarias.

Añadió que durante los operativos de seguridad contra el crimen organizado en los estados Aragua, Anzoátegui, Guárico y Yaracuy, se han registrado cerca de 70 víctimas mortales en 2022, según lo reseñado por la prensa local.

En cuanto a la situación del Arco Minero del Orinoco y otras zonas del estado Bolívar, manifestó que existe “extrema violencia asociada a la extracción ilícita del oro, incluyendo patrones de violencia sexual y de género”, pese a que la administración de Nicolás Maduro dirigió operaciones militares en la región Guyana para erradicar el narcotráfico y minería ilegal.

Valiñas reiteró que continuarán documentando de forma independiente e imparcial las violaciones de DD. HH. con el propósito de “combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores”.

Reacciones de la comunidad internacional

La representante de la Unión Europea también mostró su preocupación por la crisis de los DD. HH. en el país sudamericano. “Recalcamos cuán necesario es una mayor rendición de cuentas para los autores de estos abusos”, dijo en su participación.

Por su parte, los delegados de Estados Unidos y Portugal consideraron que la vía para una solución pacífica a la situación sociopolítica en esa nación son las negociaciones integrales y elecciones libres en 2024.

La representante estadounidense aseguró que han sido testigos de cómo “se sigue intimidando y acosando a periodistas, defensores de DD. HH., religiosos y aquellos que apoyan a la oposición”.

Desde la participación de Georgia, se mencionó las fallas de los servicios públicos “se advierte que casi el 60% de los hospitales no tiene agua potable”, mientras que Ecuador aboga porque las autoridades venezolanas adopten medidas concretas para “combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas”.

Respuesta de Venezuela, China y Cuba

El representante de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, tildó de “hostil” las investigaciones de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y mencionó que se trata de una estrategia diseñada por los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea.

“Nuestra visión es abierta y se basa en el diálogo con una amplia y activa cooperación”, manifestó el representante venezolano.

Por su parte, la delegación de China insistió que “las acciones políticas en Venezuela buscan una solución, nos oponemos a la injerencia exterior, no debe convertirse en una herramienta de ciertos países para inmiscuirse en los asuntos internos”, mientras que la de Cuba opinó que el mecanismo de la Misión “debería dedicarse a otros esfuerzos”.

Para Nicaragua, este tipo de informes son “instrumentos de agresión y su objetivo es desestabilizar el Gobierno venezolano”.

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