Declaraciones de Fernando Wahnon, embajador de Cabo Verde ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han sido interpretadas como una notificación diplomática de la extradición, a Estados Unidos, del empresario colombiano, Alex Saab.

Durante una entrevista concedida al medio Radio Cabo Verde (RCV), el diplomático dijo estar convencido de que la decisión de detener y extraditar a Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, no debería ser una razón para dañar las relaciones de Cabo Verde con ningún otro Estado.

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Wahnon aseguró además que las autoridades de su país han seguido todos los procedimientos en instancias judiciales para cumplir con la extradición.

El representante permanente de Cabo Verde en la ONU resaltó que la nación africana es un país “democrático y miembro de la comunidad internacional”, por lo que fue una decisión correcta cumplir con la orden de arresto emitida desde órganos como la Interpol.

Cabo Verde

La cifra de fallecidos tras la explosión registrada en Beirut, el pasado martes, se elevó a 154 muertos, según el informe presentado este viernes por las autoridades del Líbano.

Ese reporte indica, además, que de los 5.000 heridos que dejó la deflagración, al menos 120 se encuentran en condición crítica.

Aunque este viernes se cumplen 72 horas del doble estallido que generó grandes destrozos en buena parte de la capital libanesa, equipos de rescate continúan con los trabajos de búsqueda en las zonas cercanas al punto de la explosión.

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A propósito del incidente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ayudará económicamente al Líbano. En tal sentido, la ONU a destinado una partida de nueve millones de dólares.

Buena parte de ese dinero se destinará a los centros de salud que han colapsado, a raíz del elevado número de lesionados.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, mostró este martes su preocupación sobre el cierre de los colegios ante la pandemia de covid-19. Por esta razón, instó a los gobiernos a reaperturar los centros educativos una vez controlada la transmisión local del nuevo coronavirus. “Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”, indicó.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) le preocupa que al menos 24 millones de niños dejen de asistir a sus escuelas para siempre, sobre todo lo más vulnerables ubicados al sur y oeste de Asia y en África.

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Para Guterres, la pandemia por covid-19 ha agudizado la crisis escolar que venía enfrentando el mundo por años. “Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo. Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios”, señaló mientras afirmaba que al menos mil millones de estudiantes se veían afectando por el cierre de instituciones educativas.

Solo Botsuana, Níger, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Francia, Suecia, Noruega, Austria y Suiza han podido abrir sus colegios, tomando sus precauciones de higiene.

Con respecto a los demás países, “va a depender del nivel de resiliencia que tenga el sistema educativo de cada país: si es de renta alta, media o baja, de las circunstancias de la familia… En un país pobre, aunque el tiempo de volver a la escuela sea menor, te encuentras con que miles de niños tienen poquísimas posibilidades de volver”, dijo la directora de política de infancia de Unicef, Carmen Molina, en el encuentro con Guterres.

Dentro de todos los aspectos involucrados en la crisis venezolana, el de la alimentación podría ser considerado como el más grave. En su más reciente informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) indicó que casi 9,3 millones de venezolanos padecen de inseguridad alimentaria y que 2,3 millones entran en la categoría de “inseguridad alimentaria severa”.

Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2020 concluyó que “el 74% de los hogares (venezolanos) tiene un grado de inseguridad alimentaria entre moderada y severa”. El sondeo indica además que “el consumo nacional promedio de proteínas es sólo el 34,3% del requerido”.

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Con tales datos como telón de fondo es posible afirmar que los problemas alimenticios padecidos por la mayoría de los venezolanos podrían dejar una huella negativa en toda una generación de habitantes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que “una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad”.

La comida cuesta más de lo que se gana

Gretty Blanco es manicurista, vive en La Candelaria, junto a su hija de 23 años, quien no se encuentra trabajando. Como gran parte de la población, vio sus ingresos afectados por la pandemia del Covid-19.

Gretty forma parte de aquellos venezolanos que “viven al día”. Por ese motivo, la cuarentena ordenada por Nicolás Maduro redujo considerablemente su entrada de dinero y su poder adquisitivo.

“Antes (…) podía hacer entre 10 dólares y 15 dólares diarios, trabajando cinco días a la semana. Desde que empezó la pandemia, si hago 20 dólares en toda la semana es mucho. Afortunadamente, nunca he dejado de comer bien, dentro de lo que cabe”, comenta la mujer.

Blanco recibe bolsas de comida, gracias al programa que adelanta la administración de Nicolás Maduro a través de los Comités Locales de Alimentación y Producción (Clap). A pesar de ello, la manicurista está obligada a comprar carne de pollo y de res, artículos que no son distribuidos, de manera frecuente, por los Clap.

En Venezuela, un país en el que el salario mínimo integral es de 3,10 dólares (según el cambio oficial), la canasta alimentaria sólo en la ciudad de Caracas tiene un costo cercano a los 20 dólares.

Lo anterior corrobora lo expuesto por la Fundación Bengoa en su informe de 2012. Ese reporte concluyó que para el período 2005-2010 el consumo diario de calorías en Venezuela ya era menor al recomendado para el país.

Igual dictamen fue el de la Encovi 2020. Según los realizadores del estudio, “79,3% de los venezolanos no tienen cómo cubrir la canasta de alimentos”.

Promesas vacías 

A pesar de que el fallecido presidente Hugo Chávez prometió acabar con la pobreza y con los niños de la calle, en su primer discurso como primer mandatario en 1998, ambos males siguen presentes años después.

Por su parte -- y durante el año 2016 -- Nicolás Maduro (el heredero de Chávez) creó los Clap. Su objetivo, según dijo, era romper “los mecanismos de parasitismo de los bachaqueros, de la especulación y del robo al pueblo”, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria.

Sin embargo, tal y como ha demostrado una investigación conducida por autoridades estadounidenses, los Clap, lejos de acabar con el hambre en Venezuela, sirvieron de fachada para construir una red de corrupción que ha saqueado las arcas venezolanas y enriquecido a buena parte de los involucrados con la administración de Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Nicolás Maduro solicitó la extradicción de Rafael Ramírez, ex director de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y ministro de Petróleo entre los años 2002 y 2014.

El órgano judicial informó que, con la medida, se pretende conseguir que Ramírez sea sometido a un proceso penal en Venezuela, por los supuestos delitos de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)”.

En la sentencia número 55-2020, el TSJ le garantiza a Italia (país al que fue remitido el pedido de extradición) que Rafael Ramírez “será juzgado únicamente por su presunta participación en la comisión de los delitos antes mencionados, con las debidas garantías consagradas en la Constitución”.

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En diciembre de 2014, tras discrepancias con Nicolás Maduro, Ramírez fue destituido de su cargo como representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Cuatro años después, en 2018, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), emitió una orden de captura contra el ex “hombre fuerte” de Pdvsa, por presuntos hechos de corrupción.

El Día Internacional de la Amistad es una fecha que homenajea ese sentimiento que es capaz de unir a las personas, sin importar su religión, raza o nacionalidad.

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La amistad brinda valores de bondad y solidaridad, que se hacen presente en cualquier momento. Por ello, es celebrado en varios países, sobre todo en los de América Latina.

El 30 de julio de cada año se consagró como el Día Internacional de la Amistad por decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), tras una propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad.

Según la ONU, el objetivo de esta fecha es sembrar los valores de la amistad en cada nación del mundo para conseguir la paz, acabar con la violencia y combatir la pobreza.

Amigos imborrables – América 2.1

Efectivos militares que se encuentran detenidos en diferentes centros de reclusión de Venezuela se encontrarían cuatro meses sin recibir visitas de sus familiares y bajo un “confinamiento extremo”, denunció la abogada y directora de la Organización No Gubernamental (ONG), Justicia Venezolana.

“Se trata de una medida arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que está causando daños psicológicos a quienes permanecen tras las rejas por razones estrictamente políticas”, denunció la profesional del Derecho.

Camejo se hizo eco de las recomendaciones de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la administración de Nicolás Maduro para que sean otorgadas medidas cautelares a los funcionarios castrenses y que permanezcan en resguardo con sus familias en sus respectivas residencias.

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“Desde el inicio de la cuarentena decretada en el país hemos hecho eco desde Justicia Venezolana, del llamado de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet; exhortando al Estado venezolano a otorgar medidas cautelares que permitan que estos funcionarios sean puestos a resguardos con sus familias en sus hogares. Hasta ahora solo han recibido más aislamiento”, destacó la profesional del derecho”, expresó.

Camejo enfatizó que hay uniformados privados de libertad en delicado estado de salud a quienes urge atención médica y otros a los que el aislamiento está afectando emocionalmente. En este sentido, solicitó que -tomando las medidas de bioseguridad correspondientes- se les permita contacto con el mundo exterior mientras se asignan las cautelares solicitadas.

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También alertó que las medidas de confinamiento a los considerados presos políticos se violan sus Derechos Humanos, así como se incumple con la Constitución, el Código Orgánico Penitenciario, tratados internacionales como las Reglas Nelson Mandela de la ONU, entre otros.

Justicia

El Comisionado especial para la Ayuda Humanitaria ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, aplaudió el informe publicado este miércoles por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la independencia del Sistema judicial en Venezuela, el acceso a la justicia y la violación de los Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco.

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El representante venezolano resaltó que este informe muestra las claras violaciones a los Derechos Humanos que se viven en Venezuela, las cuales son presuntamente utilizadas para mantener la seguridad en el país.

“El informe evidencia las violaciones graves cometidas por las fuerzas de seguridad, así como asesinatos y violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de protestas y operaciones de seguridad, y casos de tortura y desapariciones forzadas (…) El informe señala un patrón de explotación laboral, trabajo infantil, trata de personas y explotación sexual. Los mineros deben dar parte del oro que extraen a grupos criminales, son sometidos jornadas laborales en condiciones peligrosas y expuestos a contaminación por mercurio”, detalló Pizarro.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó un informe sobre la situación que vive actualmente del Arco Minero del Orinoco en Venezuela, resaltando que se mantiene un nivel de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de “grupos criminales que controlan las minas en el área”.

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De igual manera, el informe de la ONU sostiene como los grupos criminales, conocidos como “sindicatos”, mantienen un control sobre gran parte de las operaciones de las minas mediante “ un sistema de corrupción y soborno que incluye pagar a los comandantes militares”.

“Deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección”, detalla el informe.  

La Alta Comisionada de la ONU resaltó que el crecimiento laboral en esta región de Venezuela se debe a la grave crisis social que vive el país, registrando una migración interna de cientos de personas que buscan mantener a sus familias. Reiteró que deben trabajar turnos de 12 horas descendiendo a profundos pozos sin ningún tipo de protección, además de pagar cerca de 50% de lo que obtienen a los grupos criminales.

Foto: Archivo

“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería (…) Las autoridades deberían de tomar medidas inmediatas para terminar con la explotación laboral y sexual, el trabajo infantil y la trata de personas, y deberían desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras. También deberían investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos ”, expresó Bachelet

El 30 de abril de este año, el argentino Facundo Astudillo Castro salió de su casa para reconciliarse con su novia en la comunidad desde Pedro Luro, al sur de Buenos Aires, hasta Bahía Blanca. Sin embargo, él nunca llegó a su destino.

Después de más de dos meses, la policía comenzó a buscarlo alrededor de su domicilio, ya que los testigos que lo vieron por última vez aseguraron que este estuvo rodeado de policías, entre otras versiones contradictorias. La justicia federal está investigando si la policía estuvo involucrada en su desaparición forzada.

Entre los testigos que vieron a Castro, señalaron que lo vieron montarse en la camioneta de los oficiales y, al enterarse de su desaparición, procedieron a buscar testificar a pesar que las autoridades les indicaron que la Fiscalía los iba a llamar. Nunca ocurrió.

La madre de Castro, Cristina, recibió un acta en que indicaba que su hijo estaba detenido por violar el aislamiento obligatorio. Luego él la llamó y sostuvieron una pelea hasta que la llamada se colgó. Sin prestarle atención a las noticias, Cristina empezó a preocuparse cuando supo que Facundo nunca llegó a Bahía blanca. Ahí hizo la primera denuncia.

La Organización de Naciones Unidas instó al Estado argentino responden ante la desaparición del joven de 22 años para esclarecer lo ocurrido. Pues, el caso se encuentra en el Comité contra Desaparició Forzada de la ONU. Además, los vecinos de Pedro Luro han protestado en contra de su desaparición y falta de respuesta del gobierno de Alberto Fernández. Además, coincide con el aumento de violencia policial que existe en el país por el despliegue de las autoridades para hacer cumplimiento a las medidas de prevención ante el Covid-19.