La Corte Penal Internacional (CPI) subrayó que la administración de Nicolás Maduro no tendrá acceso a los documentos que recogen los testimonios de 8.900 víctimas de violación de sus derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
En un artículo publicado en su portal que tiene por nombre «Información para las Víctimas», la CPI remarcó que la información es totalmente confidencial:
«Esta información sólo se transmite a la Sala (de Cuestiones Preliminares); ninguna otra entidad tendrá acceso a ella. La Fiscalía y el Gobierno de Venezuela no tendrán acceso a los formularios, videos y otros documentos presentados por las víctimas o en su nombre. Las opiniones y preocupaciones de las víctimas no se consideran evidencia».
En el escrito también se explica que la sección encargada de recabar todas las denuncias de las víctimas y subirla a una «base de datos segura» fue la de Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés).
