El movimiento político español Partido Popular (PP) rechazó la intervención de Voluntad Popular (VP) por parte de la administración de Nicolás Maduro vía judicial. A través de un comunicado expresaron su respaldo a su actual directiva.

En el comunicado calificaron de “inaceptable” que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Maduro, haya decidido imponer una junta directiva en VP con dirigentes políticos cercanos a la administración socialista y con acusaciones de “lavado de reputaciones” y estar inmersos en la denominada “Operación Alacrán”.

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“Es inaceptable (…) una muestra más de la debilidad de Maduro, que, al no poder derrotar a las fuerzas democráticas de Venezuela, se intenta apropiar de ellas, del logo, los símbolos y los emblemas de un partido. Uno puede ser demócrata, pero no intentar apropiarse de la democracia y fabricarla a su antojo como intenta Nicolás Maduro”, manifestó la secretaria internacional del PP, Valentina Martínez.

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Martínez también expresó que las acciones de Maduro contradicen los principios democráticos, la libertad y el estado de Derecho, por lo que no se cumplen con todos los elementos para que se realicen elecciones parlamentarias a finales de este año.

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Al finalizar la misiva, expresaron su respaldo a otros partidos políticos en Venezuela que han sido intervenidos por el TSJ, como lo son Acción Democrática (AD) y Primero Justicia (PJ). “A seguir luchando por instaurar la libertad y el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela, así como a exigir unas elecciones libres con la participación de las fuerzas democráticas y una exhaustiva observación internacional”.

Popular

En sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), en el Parlamento se aprobaron varios acuerdos y discusiones para proyectos de ley sobre diferentes problemáticas que atraviesa Venezuela a la fecha.

Ley contra la Tortura

Se aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Aprobatoria al “Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes”, a fin de establecer supervisiones periódicas a los centros de reclusión, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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La diputada por el estado Miranda, Delsa Solórzano afirmó que la condena a la tortura, que representa una violación a los Derechos Humanos, debe pasar a formar parte de la legislación interna venezolana.

“Esto es un hecho histórico porque representa una muestra de lo que debe ser el jefe de un Estado que está muy claro y consciente, para lo primero que hay que hacer, que es cumplir la ley y lo segundo respetar los derechos de cada uno de los venezolanos”, expresó Solórzano.

Rechazo a declaraciones de Padrino López

De “deplorable” y “posición dictatorial” fueron calificadas las recientes declaraciones de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de la administración de Maduro. En la Asamblea se concluyó que sus palabras y posición política son violatorias a la Constitución en su artículo 328.

“La soberanía de la Nación está secuestrada y el dictador ha bloqueado las soluciones electorales con el respaldo de la cúpula militar”, declaró al respecto el presidente del Parlamento, Juan Guaidó.

La Cámara Legislativa aprobó un Acuerdo que afirma que el general Padrino López “se aparta de los valores republicanos y el mandato constitucional de servir exclusivamente a la Nación”.

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Parque Nacional Canaima en emergencia ambiental

Fue aprobado un Acuerdo donde se establece declarar al Parque Nacional Canaima como territorio en estado de “gravísima emergencia ambiental”, a consecuencia del desarrollo minero causado por la aplicación de las políticas extractivistas decretadas por la administración de Maduro.

“Canaima es testigo excepcional de la perversidad y criminalidad del régimen de Maduro, su política extractiva, corrupta y destructiva en marcada en el Arco Minero del Orinoco y sus 111 mil kilómetros cuadrados, no fueron suficientes y ha sido expandida con todo su caos, horror y muerte a nuestros parques nacionales y de forma peligrosa al Parque Nacional Canaima”, expresó la presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, diputada María Gabriela Hernández.

Acuerdos

El comisionado de la Presidencia encargada para los Derechos Humanos, Humberto Prado, alertó que en Venezuela persiste la “intimidación como recurso del régimen” para controlar la pandemia por covid-19 y que esta se manifiesta en los puntos de control y la militarización de algunas regiones.

“Lo que hacen es violar los Derechos Humanos”, denunció Prado en una rueda de prensa vía telemática. También catalogó de irregular los señalamientos efectuados por la administración de Nicolás Maduro sobre que los venezolanos que han regresado al país son “armas biológicas” de los gobiernos que le adversan en la región.

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El comisionado en su alocución presentó el informe “Contumacia Institucional: a un año del Informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela”, que las acciones de los funcionarios de seguridad desplegados en los puntos de control en el territorio nacional como medida de contención solo causan descontento entre los ciudadanos. “Hay dos cosas que privan para nosotros, esto no es un problema militar, esto es un problema médico. Pero de la manera como lo están desarrollando hacen que se propague más”, puntualizó.

Prado

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este viernes su más reciente actualización oral del informe sobre esta materia en Venezuela, en el que también incluyó la situación en Nicaragua y Crimea.

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La oficina de Bachelet registró hechos violatorios de derechos humanos similares en estos tres lugares, en donde se cometieron irregularidades contra personas en prisión, así como acciones que golpean el carácter “cívico y democrático” en el ámbito político.

Patrones que coinciden

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) es un cuerpo de seguridad que comete detenciones en Venezuela. La ONU pidió su eliminación. (Archivo)

Aunque la actualidad y la realidad de las tres localidades es diferente porque los motivos de sus crisis son variables, la ONU detectó patrones coincidentes tanto en Venezuela, Nicaragua y Crimea, en donde se apuntó a las fuerzas de seguridad como un elemento clave en la violación de los DDHH.

La crisis en Venezuela, de tinte socioeconómico y con una profunda carga política, tiene más similitudes con Nicaragua que con Crimea, que desde 2014 enfrenta una disputa entre Ucrania y Rusia por el territorio, con una ocupación vigente por parte del gigante de la Europa del este.

Sin embargo, Bachelet le dedicó la misma atención en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos pues consideró necesario que cada uno de los Gobiernos que administran estos territorios apliquen cambios drásticos en sus formas de mantener el orden.

Los allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas y acoso por parte de cuerpos de seguridad progubernamentales son delitos que se repiten y deben ser eliminados, a juicio de la Alta Comisionada.

En las naciones dirigidas por Nicolás Maduro y Daniel Ortega se registraron restricciones a la democracia, así como atentados contra la libertad de expresión no solo de los ciudadanos, sino directamente contra el derecho a la información que ofrecen periodistas y medios de comunicación.

En Venezuela, la principal diferencia entre ambos es que se sumaron agresiones contra sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaron por falta de servicios públicos en medio de la pandemia del covid-19.

¿Qué sucede en Crimea?

Crimea está ocupada por fuerzas rusas desde 2014, tras la revolución en Ucrania. (Archivo)

La península de Crimea, ubicada en la costa septentrional del Mar Negro, es un territorio disputado entre Ucrania y Rusia, que fue declarado como parte de la federación liderada por Vladimir Putin desde 2014, a pesar del rechazo de la comunidad internacional.

A raíz de la revolución ucraniana de ese año que depuso a Víktor Yanukóvich como presidente de ese país, en la península se despertó una tensión separatista y Rusia avanzó para ocupar un punto importante a nivel geopolítico, pues en la ciudad de Sebastopol se encuentra la base naval principal de los rusos en el Mar Negro.

Ese elemento fue central para la decisión tomada por Moscú, que aprovechando su alto nivel de aceptación entre la población, proclamó la región como una República adherida a su federación.

Las operaciones militares de fuerzas locales y extranjeras marcó el camino hacia el nacimiento de la cuestionada República de Crimea, la cual solo es aceptada en el mundo por Bielorrusia.

Desde entonces, la tensión no ha disminuido y quienes se oponen a la administración del Kremlin han sufrido represalias.

Comparable con Venezuela

Aunque la península oriental tiene una separación de más de 10.300 kilómetros con Caracas, la evolución de ambos casos ha tenido paralelismos en ciertas etapas. En su primer punto, cuando inició la tensión separatista en dicho lugar, en Venezuela se daban las manifestaciones de 2014 en el contexto de ‘La Salida’.

Los gobiernos que lograron sobreponerse a esas protestas fueron los de Putin y Nicolás Maduro, quienes desde ese momento han aplicado ‘mano dura’ contra sus adversarios cuando ha sido necesario para sus intereses.

Cuando la Alta Comisionada Bachelet se refirió a las violaciones cometidas por la federación rusa en Crimea, mencionó la criminalización continua de la libertad de expresión en redes sociales, torturas y malos tratos por parte de efectivos policiales.

En Venezuela, ese flagelo también ha sido denunciado pero no en este informe de Naciones Unidas, sino en el día a día que viven los ciudadanos.

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Diferentes organizaciones no gubernamentales y sindicatos han condenado que la administración de Maduro varias veces haya arremetido contra activistas por publicar información u opinión en redes, con los casos de Luis Carlos Díaz, Mimi Arriaga y Marcos Antoima como algunos de los más sonados.

En el caso de Díaz, fue detenido el pasado 2019 después de los apagones que sufriera el país en el primer semestre del año, luego de haber criticado la red eléctrica nacional, que a la postre colapsó.

Más cercano en el tiempo, los periodistas Antoima y Arriaga fueron acusados de manejar cuentas anónimas en la plataforma Twitter para informar, por lo que fueron detenidos a mediados de junio.

Federico Black, un asiduo comunicador a través de Twitter, fue otro que recibió amenazas en su residencia por divulgar noticias vinculadas al oficialismo desde su perfil. Y al igual que él, hay otros tantos casos similares, en Caracas y en el interior de la nación.

Las detenciones sin procesos judiciales, la práctica de mantener presos políticos y la falta de investigación de delitos cometidos por grupos partidistas son otras de las coincidencias entre Venezuela y la península europea, pero también en Nicaragua.

Frente a las denuncias sin respuestas, la Organización de Naciones Unidas ha hecho nuevamente un llamado a las autoridades para que dejen de lado los atentados a los derechos humanos, afirmando que las distintas organización multilaterales están dispuestas a ayudar.

De ello dependerá exclusivamente la propia voluntad de estos tres Gobiernos, que se mantienen firmes en sus posiciones de poder.

El abogado defensor de los Derechos Humanos, Rafael Narváez, denunció las violaciones a periodistas, sindicalistas, médicos y enfermeras por parte de la administración de Nicolá Maduro expuestas en el reciente informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet.

El exparlamentario comentó que el documento actualizado expone la muerte de 1.324 personas, donde responsabilizan a instituciones de seguridad de Maduro.

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Narváez también indicó que Bachelet expuso el caso de la abogada Eva Leal, quien fue detenida y golpeada por una funcionaria de la Guardia Nacional (GN) en el estado Lara.

El abogado defensor hizo mención sobre las violaciones y agresiones que han sufrido la prensa y todo el gremio. Además, se refirió al colapso y crisis del sistema de salud de Venezuela.

El Foro Penal venezolano aseguró que las recomendaciones establecidas en el último informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, sobre los presos políticos en el país, han sido incumplidas, por lo que considera necesario relacionarlo con el documento anterior presentado el 4 de julio de 2019.

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De acuerdo al último informe de la ACNUDH divulgado el 2 de julio del presente año, los familiares de presos políticos han expresado que se mantienen “las graves violaciones a los Derechos Humanos”, pues a su criterio, se debe realizar una evaluación técnica y objetiva.

El Foro Penal, destacó algunas de estas recomendaciones, explicando que a pesar de reconocer la continuidad de ellas, no se refleja un avance y resolución contundente.

En cuanto a los “actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos”, que se le exigió el cese de ello al Estado venezolano, el organismo penal alegó que el informe no refleja las múltiples denuncias realizadas de incremento de la represión política por parte de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos.

A su vez, destacó algunos de los casos de “desapariciones forzadas”.

El documento no resalta el retroceso que representa “este patrón”, así como no hace mención a las personas que aún se encuentran desaparecidas, la mayoría de ellas detenidas por el DGCIM; a pesar de varias acciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU.

Agregó que se ha hecho una “utilización injustificada” de la pandemia del coronavirus y del estado de alarma en el país, al restringir el acceso a la justicia, impidiendo acciones de abogados que tienen los detenidos.

“Esto es una grave situación que viola el derecho a la defensa”, aseveró el foro penal.

Como punto importante, también destacó que tras la solicitud de la ACNUDH al Estado venezolano de visitar los centros reclusión, el informe no detalla las graves condiciones en las que se encuentran los presos en las diferentes cedes de la ciudad de Caracas, exhortando a la Alta Comisionada, que en el siguiente documento que abordará la situación en el país, debe destacarse la importancia de acudir a los centros para corroborar lo mencionado.

“En nombre del Foro Penal, los presos políticos y sus familiares que abajo suscriben, así como las diversas víctimas de la represión política que representamos, confiamos en que la ACNUDH responda concretamente lo aquí planteado en la extensión del referido informe del 2 de julio de 2020, a ser presentada el 15 de julio de este mismo año”, indica parte del comunicado emitido por el Foro Penal.

El comisionado de la Presidencia (E) ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro reiteró que la crisis social, política, económica y humanitaria que padece Venezuela no se debe a las sanciones ni la presión internacional contra la administración de Nicolás Maduro, sino por sus propias acciones en el poder.

“Venezuela tiene sanciones individuales a los violadores de Derechos Humanos, para los venezolanos es muy claro que la crisis que hoy atravesamos no es producto de las sanciones ni es producto de la presión internacional”, expresó Pizarro en una reunión telemática con la prensa.

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Advirtió que la administración socialista ha hecho caso omiso a las advertencias emanadas por la alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, entre las que se encuentran la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

“El régimen tiene una disposición política de no cumplir con las recomendaciones de la ONU, han venido amplificando la acción de la FAES”, puntualizó.

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También denunció los ataques contra la prensa en Venezuela. “En la medida en que se visibilice mucho más el ataque contra la prensa, se visibiliza mucho más lo que este fenómeno implica, que es el intento de construcción de una hegemonía para consolidar una dictadura”, dijo.

Pizarro

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó este 2 de julio un nuevo informe sobre las violaciones de los DDHH en Venezuela, en el cual registró 38 presuntas ejecuciones de jóvenes entre el mes de mayo de 2019 hasta mayo de 2020, según a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

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“Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó Bachelet.

BACHELET

Alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet. Foto: Al Navio

A su vez, dijo que pudieron contabilizar 1.324 muertes entre el mes de enero y mayo de 2020 por las fuerzas de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, según por “operaciones de seguridad”.

Agregó que, los venezolanos también se han visto perjudicados en cuanto a las violaciones a los derechos económicos y sociales por los bajos salarios mínimos que hay en la nación sudamericana.

Las fallas en los servicios públicos han ido incrementando con el pasar de los días y el sector salud no escapa de la realidad que se vive en el país.

“La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia del covid-19. Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia”, dijo la Alta Comisionada.

Aprovechó para rechazar la designación realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Maduro y los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder llevar a cabo las próximas elecciones parlamentarias que serán el 6 de diciembre de 2020.

Sala

“Disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”, resaltó.

Bachelet informó que, el próximo 15 de julio publicará un nuevo informe vinculado con la independencia judicial y el acceso a la justicia.

El informe está integrado por 16 recomendaciones que van dirigidas a la administración de Maduro, y le solicitó restaurar las funciones a la Asamblea Nacional (AN), así como frenar las detenciones arbitrarias y dar libertad incondicional a aquellas personas que han sido llevadas tras las rejas de manera ilegal.

TSJ AN

“Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos”, manifestó la expresidenta chilena.

La cifra de ciudadanos venezolanos fallecidos víctimas de torturas desde 2013 se ubica en 72, alertó el comisionado para los Derechos Humanos (DDHH) de la Presidencia encargada, Humberto Prado.

Con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Prado detalló que la cifra de 72 muertos por torturas, entre los que se encuentran el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ubican a Venezuela como una nación con autoridades “degradantes” y con prácticas cotidianas “inhumanas”, refiriéndose a la administración socialista liderada por Nicolás Maduro.

“Los a.sesinatos de Fernando Albán y del capitán Rafael Acosta Arévalo destacan entre los más representativos de estos crímenes de lesa humanidad; casos que evidencian cómo la tortura se aplica a civiles y militares”, advirtió el comisionado.

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Los números ofrecidos por Prado son los que maneja la Organización No Gubernamental (ONG) Provea, quienes además explican que los funcionarios de Inteligencia leales a Maduro han realizado prácticas de tortura en centros clandestinos destinados para tal fin.

Provea aportó cifras que engloban la tortura sistemática del régimen: 5.232 violaciones a la integridad personal, 852 víctimas de trato cruel, 1.033 heridos, 1.804 allanamientos ilegales y 810 amenazas y hostigamiento. Según Casla Institute, en 2019, 53% de las víctimas torturadas fueron civiles y 47% militares.

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“En Venezuela existe un alto margen de impunidad en casos de torturas, lo que fomenta la repetición de tales prácticas. Ante ello, es imprescindible que el Estado se avoque a investigar, aun de oficio, los actos que pudieran constituir tortura; someta a los presuntos responsables ante la justicia y aplique las sanciones a las que haya lugar”, dijo Prado.

Por último, resaltó la necesidad de reparar a las víctimas de torturas. “Toda víctima de tortura tiene derecho a gozar de una reparación integral por el daño sufrido, la cual, atendiendo al caso concreto, podrá incluir medidas de diversa índole, entre ellas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción”, puntualizó el especialista en DDHH.

Prado

El comisionado para los derechos humanos y la atención a las víctimas designado por el Gobierno encargado, Humberto Prado, exigió este lunes que se otorgue libertad plena a los periodistas venezolanos Mimi Arriaga y Marco Antoima, quienes fueron acusados de uso de cuentas anónimas en redes sociales.

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Tras haber recibido arresto domiciliario, prohibición de salida del país y prohibición de la publicación en redes, Prado manifestó su desacuerdo y pidió que no haya más persecución contra los comunicadores.

En ese sentido, el comisionado emitió una comunicación a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a los fines de informarle lo sucedido en este caso.

Arriaga y Antoima fueron detenidos la semana pasada por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), hasta que fueron presentados durante la jornada ante el Tribunal 47 de Control.