El Comité de Derechos Humanos de la ONU inició una investigación contra la administración de Nicolás Maduro por las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en el país.
La organización exigió a las autoridades electorales de Venezuela a conservar las actas de escrutinio y otros documentos clave mientras avanza el análisis del caso, según confirmaron los abogados denunciantes este martes.
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Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y parte del grupo de cinco abogados de IHR Legal, declaró a la agencia de noticias EFE que el Comité dictó medidas provisionales urgentes para garantizar la preservación de estos materiales electorales. Entre las medidas se incluye la «solicitud al Estado parte de abstenerse de destruir el material electoral», como las actas de totalización y proclamación.
La denuncia, presentada en octubre por la firma legal radicada en Washington, acusa a la administración de Nicolás Maduro de cometer fraude, restringir el voto en el exterior y obstaculizar el acceso a la justicia. Los abogados destacaron que este avance representa un «paso crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela» y prevén que el caso termine con una «decisión internacional muy trascendente e histórica».
El caso incluye la denuncia de un ciudadano venezolano, Ignacio Álvarez Martínez, quien reside en Estados Unidos y representa a millones de connacionales que, según los abogados, enfrentaron restricciones para ejercer su derecho al voto. Estiman que 5,5 millones de venezolanos habilitados para sufragar desde el extranjero no pudieron participar en el proceso del 28 de julio.
Patrón de desconocimiento de la voluntad popular, según la ONU
Los abogados aseguran que los comicios presidenciales venezolanos mostraron un «patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular», afirmando que «las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora».
El Comité, conformado por 18 expertos independientes, supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este organismo se encuentra evaluando la denuncia, que señala «un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección» y alerta sobre daños irreparables a los derechos humanos en el país.
