Argentina, Panamá y Uruguay alzaron sus voces en la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para pedir que se aceleren las investigaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los representantes de cada país instaron al máximo tribunal internacional a actuar con firmeza y resaltaron la importancia de la CPI para garantizar justicia frente a los crímenes de lesa humanidad.
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El embajador argentino en Países Bajos, Mario Javier Agustín Oyarzábal, fue enfático al señalar que Venezuela “no puede considerarse un Estado de Derecho”, dado que los mismos son “sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada”. Además, denunció el asedio que sufren los asilados en la residencia del embajador argentino en Caracas, custodiada actualmente por Brasil, y pidió acciones decididas.
Por su parte, el embajador panameño, Jorge Corrales, manifestó preocupación por la falta de avances en las investigaciones que adelanta la CPI sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano. “Expresamos nuestro profundo desacuerdo por la lentitud del fiscal de la corte, a pesar de las evidentes vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela (…) los derechos humanos de los venezolanos tienen igual valor que el resto del mundo”, declaró Corrales, al tiempo que solicitó mayor celeridad en el proceso.
#NoticiasAhora | Argentina, Panamá y Uruguay se pronunciaron en contra de la vulneración a los DD. HH. en Venezuela en la Asamblea de los Estados Partes (AEP) de la Corte Penal Internacional (CPI).
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— VPItv (@VPITV) December 3, 2024
Uruguay se centró en respaldar la imparcialidad de la Corte Penal Internacional frente a los casos relacionados con Venezuela. Mientras tanto, el canciller de Colombia, Luis Murillo, ratificó el compromiso de su país con el Estatuto de Roma y destacó la relevancia de la justicia internacional para evitar la impunidad.
“La labor de la corte es fundamental para prevenir la impunidad de los delitos más graves, y en no pocas ocasiones es la última esperanza de las víctimas para acceder a un sistema de justicia imparcial que pueda materializar sus legítimas aspiraciones”, expresó Murillo.
