Los familiares de siete migrantes venezolanos, oriundos del estado Táchira, y que se encuentran privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, firmaron un poder legal junto con la Fundación El Amparo Internacional para que un grupo conformado entre abogados salvadoreños y estadounidenses asuman su defensa.
Los allegados de los detenidos fueron arrestados sin pruebas y vinculados a la peligrosa banda delictiva internacional Tren de Aragua únicamente por portar tatuajes visibles. Aseguran que ninguno cometió crímenes en Estados Unidos.
Walter Márquez, presidente de la fundación y exdiputado de la Asamblea Nacional (1999-2004), explicó este viernes 4 de abril que también evalúan acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar una medida cautelar.
“No hay ninguna sentencia ni administrativa ni judicial en Estados Unidos que justifique este proceso. Tampoco El Salvador tiene jurisdicción penal internacional para mantenerlos detenidos”, afirmó Márquez durante una rueda de prensa.
«Ser venezolano no es un delito»
El caso de Widmer Agelviz Sanguino, de 24 años, ha sido uno de los más expuestos. Fue detenido en el aeropuerto de Houston en septiembre de 2024, pese a haber llegado como refugiado mediante un programa de reasentamiento avalado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Su tía, Jhoanna Sanguino, denunció que tras su detención fue trasladado a El Salvador por tener tres tatuajes en uno de sus brazos. Desde entonces no han logrado comunicarse con él.
«Mañana se cumplen 22 días sin noticias. Somos siete familias que sabemos que nuestros hijos son inocentes. El único delito para el mundo es que somos venezolanos, tachirenses y que tienen un tatuaje. Ser venezolano no nos hace criminales», dijo.
Los familiares han intentado comunicarse con el consulado salvadoreño en dos ocasiones, sin recibir orientación. Afirman que las autoridades les indicaron que el gobierno de Nayib Bukele solo alquila las cárceles para estos casos.
Márquez hizo un llamado al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y al gobierno de Nicolás Maduro para que actúen frente a lo que calificó como una persecución injustificada. “Debe prevalecer el interés superior: la libertad de estos tachirenses”, concluyó.
La Fundación El Amparo y los familiares de los detenidos emprenderán acciones legales ante instancias nacionales e internacionales para exigir la libertad de los migrantes, que hasta la fecha no han sido imputados formalmente ni se les ha garantizado el debido proceso.
