La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela denunció este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro continúa deteniendo arbitrariamente a opositores en condiciones de incomunicación y aislamiento, prácticas que, según la ONU, equivalen en muchos casos a desapariciones forzadas.
En su más reciente pronunciamiento, la Misión exigió “el fin de la práctica estatal del aislamiento de las personas opositoras detenidas” y advirtió sobre la ineficacia de los recursos judiciales destinados a proteger a las víctimas. También mostró preocupación por la utilización de estas detenciones selectivas como parte de un patrón sistemático de represión.
Marta Valiñas, presidenta de la Misión, aseguró que este esquema responde a un plan deliberado del Estado para silenciar a críticos y defensores de derechos humanos. “Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, afirmó.
En el informe del organismo, se señala que cuerpos de seguridad como el Sebin, GNB, la PNB y la Dgcim participan activamente en estos hechos, con la complicidad del Ministerio Público y tribunales, incluyendo la Sala Constitucional del TSJ. Uno de los puntos más graves señalados por la Misión es la falta de respuesta a los recursos de habeas corpus, un mecanismo clave para proteger a personas detenidas arbitrariamente.
De acuerdo con el organismo, en al menos 20 casos documentados recientemente, las solicitudes no fueron admitidas, fueron rechazadas o no recibieron respuesta. “La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad”, advirtió Patricia Tappatá, integrante de la Misión.
Caso Eduardo Torres evidencia negativa judicial a aceptar habeas corpus
Como ejemplo de esta desprotección legal, la ONU mencionó el caso del abogado Eduardo Torres, miembro de la ONG Provea, desaparecido desde el viernes 9 de mayo. Familiares y representantes legales intentaron introducir el recurso ante el Palacio de Justicia, pero una jueza se negó a recibirlo. Recién el lunes 12 de mayo, en la mañana, la Sala Constitucional accedió a admitirlo, sin que hasta ahora se conozca una decisión.
Francisco Cox, otro experto del equipo investigador, subrayó que estas prácticas forman parte de una política sistemática para reprimir la disidencia. “Como expresado reiteradamente por la Misión, estas conductas se están cometiendo en Venezuela como parte del crimen de lesa humanidad, de persecución fundada en motivos políticos”, señaló.
En este sentido, la Misión concluyó su pronunciamiento exigiendo la liberación inmediata de todas las personas detenidas de forma arbitraria y urgió al Estado venezolano a garantizar la integridad física de todas las personas bajo su custodia.
