Tarek William Saab confirmó detención del defensor humanitario Eduardo Torres tras más de 90 horas de desaparición forzada

Tarek William Saab Foto: X (Twitter) Ministerio Público de Venezuela

Tarek William Saab confirmó la detención arbitraria de Eduardo Torres, abogado y activista de derechos humanos, tras más de 90 horas de desaparición forzada.

Torres, miembro del equipo de exigibilidad de la organización no gubernamental (NOG) Provea, fue visto por última vez el pasado 9 de mayo, cuando salía de una actividad en Parque Central, en Caracas.

El anuncio del fiscal general de Maduro llegó poco después de que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigiera explicaciones sobre el paradero de Torres y tras una rueda de prensa de Provea para denunciar su desaparición forzada. Según el comunicado divulgado por el fiscal en redes sociales, Torres fue detenido bajo acusaciones de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.

“Eduardo Torres, a través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas”, señaló Saab en su comunicado, sin ofrecer pruebas concretas de las acusaciones.

El fiscal también aseguró que Torres fue presentado ante los tribunales «conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa», aunque hasta ahora no se ha informado sobre su lugar de reclusión, quiénes integran su equipo de defensa legal, ni en qué tribunal o cuándo se realizó la supuesta audiencia.

Desde que desapareció el 9 de mayo, familiares y colegas de Torres intentaron sin éxito ingresar un recurso de habeas corpus en el Palacio de Justicia de Caracas para exigir información sobre su paradero. También visitaron varias sedes de cuerpos de seguridad, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde negaron que el activista estuviera bajo su custodia.

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