La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), elaboró un informe sobre la Operación Liberación del Pueblo (OLP), a cinco años de su lanzamiento por parte de la administración de Nicolás Maduro, “que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares”.

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Para la organización, la OLP se basó en el discurso oficial que promovía la “mano dura”, lo que propició que funcionarios militares y policiales cometieran cientos de abusos en contra de habitantes de zonas populares. Entre 2015 y 2017, según cifras del Ministerio Público, 505 personas fueron asesinadas por funcionarios de seguridad.

“Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se sumaron a la cuestionable actuación de la Fuerza Armada y cuerpos policiales”, indica parte del informe.

 

Puede leer el informe completo aquí.

El coordinador de Provea, Marino Alvarado, indicó que la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi), la cual fue presentada este martes, reafirmó que la administración de Nicolás Maduro solo garantiza al país “miseria y pobreza”.

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“La encuesta Encovi presentada este martes por la Universidad Católica Andrés Bello, viene a reafirmar lo que desde Provea hemos viniendo insistiendo. Maduro solo garantiza pobreza y misera al país. Es el legado que le está dejando a Venezuela”, indicó a través de un vídeo.

Además, señaló que “la encuesta refleja los altos indices de pobreza que hay actualmente en el país. La creciente desnutrición, la exclusión escolar. Esto nos indica la cruda realidad en la cual millones de familias están en situación de hambre y miseria”.

Encovi destacó este martes que el 79,3% de los venezolanos “no tienen como cubrir la canasta de alimentos”.

La madre de Anthony Michelle Molina Ron denunció este martes que su hijo presenta un patrón de desnutrición durante su estancia como detenido en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Punto Fijo, estado Falcón.

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Anthony, quien padece una discapacidad intelectual grave y discapacidad psicosocial leve, fue detenido hace tres años y medio, cuando fue acusado de un homicidio.

El joven fue capturado por efectivos policiales en horas de la noche, a pesar de que los testigos en el lugar de los hechos aseguraron que él no había sido el responsable, según relató la ONG Provea.

Su madre y sus familiares más cercanos son quienes se encargan de su alimentación, además de preocuparse por el tratamiento que debe tener para no presentar inconvenientes, algo que no habían podido hacer durante todo el tiempo de la cuarentena en Venezuela por la pandemia del covid-19.

“Cuando entré a verlo me llevé una impresión de cómo encontré a mi hijo, lo vi muy demacrado, demasiado flaco, con una herida en el brazo derecho“, denunció la representante.

“Prácticamente lo conseguimos desnutrido. Tuvimos que aguantar las ganas de llorar“, añadió la madre.

Ante este caso, Provea exigió que Molina sea tratado “con dignidad humana, un debido acceso a alimentación y agua potable, y atención médica oportuna”, así como también pidió su excarcelación para que pueda ser atendido de forma correcta.

La ONG Provea rechazó este miércoles lo que considera una postura en contra de los derechos de la población LGBTIQ+ por parte de la Asamblea Nacional, la cual aprobó en su más reciente sesión un acuerdo sobre la vulnerabilidad de este colectivo ante la pandemia del covid-19.

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Luego de que la diputada Tamara Adrián introdujera la discusión de dicho acuerdo en recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la bancada del partido Primero Justicia realizó un “ajuste” al texto en el que se manifiesta una postura en contra del matrimonio igualitario, según denunció la organización.

“El uso de este ajuste es un intento de obstaculizar la materialización de progresividad en los derechos LGBTIQ+, eliminando la posibilidad del reconocimiento del Matrimonio Igualitario como también la Identidad de Género de las personas trans”, indicó Provea.

El acuerdo aprobado por el Parlamento señala que el mismo es aceptado siempre que no vaya en “perjuicio de lo establecido en el artículo 77 de la Constitución”.

Ese punto de la CRBV manifiesta que el Estado solo reconoce la unión legal entre un hombre cisgénero y una mujer cisgénero.

“Esta posición de la AN y su mayoría de diputados es cónsona con la decisión del 2014 de no debatir el proyecto de Matrimonio Igualitario. No incluir derechos LGBTIQ+ en el “Plan País” ni legislar sobre las demandas y exigencias que el Estado venezolano mantiene con el colectivo“, criticó la ONG.

 

La organización no gubernamental Provea informó este miércoles que Venezuela fue excluida del plan de respuesta mundial promovido por la agencia ONU-Hábitat ante la pandemia del covid-19, a pesar de cumplir con los requisitos como país que requiere de una atención “diferenciada”.

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El grupo de países seleccionados por la agencia de Naciones Unidas está conformado por 64 naciones, en donde la propagación de la enfermedad “estaría exacerbando una crisis global de vivienda prexistente”.

La ONG de derechos humanos consideró que la inclusión de Venezuela en dicho plan sería “de mucha importancia para mitigar los efectos del coronavirus en un país que sufre de una emergencia humanitaria compleja”, así como un debilitamiento “extremo” de la institucionalidad.

La ONG dedicada a defender los derechos humanos en Venezuela, PROVEA repudió este martes la detención de cuatro trabajadores del sector de la salud que protestaban para exigir condiciones de trabajos optimas.

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A través de su cuenta de Twitter la ONG indicó que tres de las detenciones se dieron en Maturín estado Monagas y los ciudadanos fueron identificados como Carlos Carmona, Julio Molinos y Magalys Mendoza.

La cuarta detención ocurrió en el estadp Táchira, el enfermero Rubén Duarte expresó mediante un video que los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal y la Red Hospitalaria se encuentran esperando respuestas del régimen.

“Por exigir condiciones de trabajo de conformidad con la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, el enfermero Rubén Duarte fue detenido hoy de manera arbitraria por el DGCIM. Exijamos su libertad. El Estado de Alarma no es para perpetrar violaciones a los DDHH”, indicó la organización.

Asimismo, recordó 53 de la Lopcymat el cual indica que todos los trabajadores tienen derecho a rehusarse a trabajar en condiciones peligrosas e insalubres.

El indígena pemón Onésimo Fernández falleció este martes, luego de más de un año desde que fuera herido por arma de fuego cuando protestaba en su comunidad el pasado 22 de febrero de 2019, según informó la organización Provea.

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Fernández recibió un disparo por parte de efectivos militares en Kumaracapay, que penetró su columna vertebral y lo dejó parapléjico.

Transcurridos ocho meses en un hospital en Brasil, el indígena comenzó a ser atendido por sus familiares pero no caminaba y “sufría de dolores constantes”, lo que derivó en que hace 20 días dejase de comer y perdiera la vida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este jueves las posibles sanciones por parte del régimen de Nicolás Maduro contra organizaciones civiles en Venezuela, que reciben financiamiento desde el exterior.

Tras las palabras del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sobre la revisión de leyes relacionadas con la ONG, el organismo internacional exigió respeto para los defensores de derechos humanos.

Asimismo, la Comisión ofreció su respaldo a la organización Provea, la cual fue estigmatizada por el funcionario chavista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió las medidas cautelares que le habían emitido a Carlos Patiño, representante de Provea, y a Gonzalo Himiob y Robiro Terán, integrantes de Foro Penal, por considerar encontrarse en una situación de vulnerabilidad en Venezuela. Esto ocurrió a través de las resoluciones 63/2019 y 64/2019.

En un comunicado que emitió la organización aseguró que estas personas han sido señaladas recientemente por altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

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“La Comisión solicitó al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias; adopte las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos”, reza el comunicado.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) que aprobó una “Comisión de Encuesta” para Venezuela, con la que realiza una investigación internacional de alto nivel tras existir indicios de que el gobierno viola convenios laborales; algo que sindicatos y empresarios del país conocen pero que ahora se evidencia en las Naciones Unidas.

La OIT tiene 99 años de fundada, en ese lapso, el organismo únicamente aprobó 12 Comisiones de Encuesta, la más reciente fue aplicada a Zimbabue en 2008. La comisión no necesita aprobación del gobierno, y se puede instalar dentro o fuera de Venezuela. En ella se hará una revisión de los incumplimientos del Estado y se ratificarán o añadirán nuevas denuncias.

Las comisiones de encuesta rinden un informe que se publica en un número especial del boletín oficial de la OIT, con difusión mundial, y suele tener una importante repercusión, informó el abogado defensor de Derechos Humanos. Coordinador de Exigibilidad en DESC de Provea, Carlos Patiño.

El gobierno deberá comunicar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, la queja pudiera ser dirimida en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

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