El activista para los Derechos Humanos y representante de Provea, Marino Alvarado, aseguró que al Ministerio Público no mencionó varios detalles del caso de Rafael Acosta Arévalo y la imputación de dos militares involucrados.

Para Alvarado, Saab no explicó las razones del por qué no se calificó el delito de tortura en las primeras investigaciones «cuando era evidente que había sido asesinado» de esta manera. Además, también indicó que no es competencia del fiscal general hacer esas acciones, cuando fue la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) leal a Maduro que anulo la imputación y sentencia.

«No asumió su responsabilidad. Tampoco se refirió el fiscal qué línea van a tomar los fiscales del caso», dijo. «Para nosotros, está bastante claro que hubo, en la primera imputación, un propósito de garantizar impunidad y en esa garantía actuaron de manera coordenada el Ministerio Público, a través del fiscal general, Tarek William Saab, el defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, y la juez que dictó la sentencia».

Asimismo, aseguró que al hacer estas acciones era para darle una pena baja a los autores del crimen y que estos tres funcionarios del equipo de Maduro «tienen una gran responsabilidad».

«Deberían renunciar a sus cargos (…) Su propósito es garantizar la impunidad», señaló.

En este sentido, también apuntó que Saab no buscó investigar a la cadena mando que ordenó las torturas ni de investigar a los autores intelectuales. «Es muy posible que estos dos funcionarios hayan actuado bajo órdenes superiores ¿Quién dio esas órdenes? ¿Qué grado de conocimiento tenía el general Iván Hernández Dalas, director del Dgcim?», cuestionó.

También instó a investigar al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

«La imputación es un avance (…) pero si no se investiga a la cadena de mando no estamos totalmente ante una situación de justicia», reiteró el representante de Provea.

Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, conversó este miércoles, con el periodista Sergio Novelli, donde detalló que la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU representa una buena noticia para las familias que buscan justicia.

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Al tiempo, destacó que este hecho obliga a la administración de Nicolás Maduro a permitir el acceso a la Misión de Verificación de Hechos y a la Misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

«La mayoría de los mecanismos internacionales se basan en la buena fe de los estados para los derechos humanos. El Gobierno venezolano debe permitir la entrada de las misiones de la ONU», expresó el representante de Provea. 

Referente a la decisión de Argentina en esta votación, catalogó de un punto muy importante para conseguir la salida de la administración de Maduro, aunque enfatizó que hay que vigilar los pasos que realice la nación en los próximos meses.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), denunciaron, este miércoles, la represión generada por funcionarios policiales venezolanos contra las protestas pacíficas que se han registrado en las regiones del país.

Los ciudadanos han permanecido en las calles con el fin de exigir mejoras en los servicios básicos y el abastecimiento de combustible.

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Ante esta problemática, las organizaciones exigen garantizar el cumplimiento y respeto a las manifestaciones pacíficas además de ofrecer una respuesta oportuna y satisfactoria a las personas que exigen servicios básicos y el cese a las irregularidades en la distribución de gasolina.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) rechazó las declaraciones del fiscal general leal a la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, quien indicó que la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) será reestructurada.

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Provea resaltó que lo primordial es disolver la FAES, misma recomendación que dio la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

«No se trata de maquillar un cuerpo élite que se convirtió en un escuadrón de la muerte para asesinar jóvenes en las zonas pobres de Venezuela», dijo la junta directiva de Provea a través de Twitter.

«La Misión de Determinación en Hechos recomendó igualmente desmantelar la FAES», argumentaron.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseguró que la actualización oral del informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, deja en evidencia que el Estado venezolano es «insuficiente» para contener las violaciones a las garantías fundamentales y los crímenes de lesa humanidad.

En opinión del activista, el reporte presentando este viernes «ratifica la gravedad, profundidad, (y) magnitud de la violación de derechos humanos en Venezuela». Por ese motivo, Uzcátegui pidió la permanencia y continuidad, en el país, de los mecanismos internacionales de protección.

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«La comunidad internacional debe ser garante para exigir que se cumplan todos las recomendaciones realizadas desde el alto comisionado y la Misión de Determinación de Hechos», expresó el representante de Provea.

Provea

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseguró que el informe de la «Misión Internacional de Determinación de Hechos» de la ONU, representa un «avance en la búsqueda de justicia» de las víctimas de Derechos Humanos en Venezuela.

«(El informe) corrobora la existencia de una política sistemática, de Estado, no solamente para violar  Derechos Humanos, sino para luego encubrir sus delitos», manifestó a través de un audiovisual, el defensor de los Derechos Humanos.

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Uzcátegui también explicó que en este esquema de violaciones se ven inmiscuidos diferentes instituciones del Estado: Presidencia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y Justicia y la Fiscalía General. Incluyó a la Defensoría del Pueblo por «omitir y encubrir» los delitos.

Video completo:

El activista para los Derechos Humanos, Marino Alvarado, denunció que en Venezuela fueron asesinadas 1.611 personas en el periodo enero – julio del presente año, a manos de cuerpos policiales y militares.

Quien fuera coordinador general de la organización no gubernamental (ONG) Provea, advirtió que para finales de 2020, la cantidad de personas asesinadas por organismos extrapoliciales y de élite rebasará la cifra de 3.000 víctimas.

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Detalló que el sector poblacional más afectado por ejecuciones extrajudiciales es el estrato bajo, «la mayoría jóvenes pobres entre 18 y 30 años«.

Entre los cuerpos policiales señalados por Alvarado, se encuentran las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

«Llama la atención el incremento de participación de componentes de la FAN en esta cantidad de homicidios», precisó el defensor a través de un video.

También señaló que se ha fomentado una política de Estado y «creado una institucionalidad» para «favorecer el abuso del poder».

Provea (organización no gubernamental) envió un comunicado al gobierno de los Estados Unidos, en el que resaltan con preocupación las nuevas sanciones emitidas por ese país contra PDVSA en octubre.

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La organización destaca que de implantarse las sanciones contra la petrolera venezolana, se restringiría el intercambio de diésel por petróleo crudo con empresas de Europa y Asia.

«Esta decisión tendría consecuencias devastadoras para la población. En Venezuela, el diésel es el principal combustible para la generación de electricidad y para el transporte de carga de bienes básicos, que incluyen alimentos, medicinas y suministros humanitarios», indica la misiva.

La ONG señala que de eliminar el acceso del diésel a la nación suramericana «podría empeorar las ya precarias condiciones de vida de millones de venezolanos que dependen de esta cadena de suministro».

Además, resaltaron que «los venezolanos sufren las consecuencias de la caída de la producción de petróleo, así como la escasez de combustible, alimentos y medicinas».

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La organización sin fines de lucro, Provea, exigió una fe de vida del político Carlos Lanz Rodríguez, quien se encuentra desaparecido «en extrañas circunstancias». Según la publicación que realización en su cuenta en Twitter, los familiares han realizado la denuncia sin recibir respuestas de las autoridades venezolanas.

Asimismo, el movimiento Tupamaro Venezuela dejó un comunicado con respecto a la desaparición de Lanz y extendió su solidaridad a sus allegados. «Carlos Lanz nunca ha dejado de ser un camarada disciplinado, minucioso y consciente de los riesgos que acarrea la lucha revolucionaria. Su desaparición sin duda alguna fue una operación muy bien elaborada y cuyas causas y consecuencias están aún por ser descubiertas», acusa el comunicado.

A su vez, el movimiento reafirmó que están participando en la búsqueda de Lanz Rodríguez e instó a los cuerpos de seguridad realizar su trabajo. «Exhortamos a los organismos de seguridad del estado a poner toda su capacidad operativa en la investigación que conduzca al rescate sano y salvo de nuestro camarada».

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), elaboró un informe sobre la Operación Liberación del Pueblo (OLP), a cinco años de su lanzamiento por parte de la administración de Nicolás Maduro, «que rápidamente se convirtió en una carta en blanco para que las fuerzas de seguridad cometieran excesos y atropellos contra habitantes de zonas populares».

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Para la organización, la OLP se basó en el discurso oficial que promovía la «mano dura», lo que propició que funcionarios militares y policiales cometieran cientos de abusos en contra de habitantes de zonas populares. Entre 2015 y 2017, según cifras del Ministerio Público, 505 personas fueron asesinadas por funcionarios de seguridad.

«Ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias, deportaciones masivas e inconsistencia en cifras y balances ofrecidos por las autoridades se sumaron a la cuestionable actuación de la Fuerza Armada y cuerpos policiales», indica parte del informe.

 

Puede leer el informe completo aquí.