En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONG Provea difundió el 29 de agosto de 2025 un informe en el que denunció 23 casos registrados entre septiembre de 2024 y mayo de 2025 en Venezuela. La organización advirtió que esta práctica represiva, antes considerada “selectiva y de corta duración”, se ha convertido en desapariciones prolongadas y masivas que muestran signos de institucionalizarse como política del régimen chavista.
El reporte señaló que la mayoría de los casos ocurrieron tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en un contexto de represión impulsado por el régimen de Nicolás Maduro, que incluyó detenciones arbitrarias contra dirigentes sociales, activistas políticos y defensores de derechos humanos. Según la ONG, las desapariciones forzadas estuvieron acompañadas de un patrón de negación de información por parte de las instituciones controladas por el oficialismo, lo que dejó a los familiares en una situación de angustia e indefensión.
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Entre los testimonios más relevantes, Provea destacó el caso de Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, desaparecido durante nueve días en enero de 2025 hasta que se confirmó su detención en la sede del SEBIN en El Helicoide. También resaltó el caso de Eduardo Torres, abogado de Provea, quien fue arrestado el 9 de mayo y permaneció ocho días en condición de desaparecido, antes de que el régimen de Maduro reconociera que se encontraba bajo custodia del SEBIN.
En Venezuela la desaparición forzada se «institucionaliza» como política estatal contra la población civil
Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, creado por la ONU para expresar su preocupación e instar a los gobiernos del mundo a… pic.twitter.com/vcJtHlhKBd
— PROVEA (@_Provea) August 30, 2025
El informe documentó además la situación de una mujer embarazada detenida en enero de 2025, quien estuvo cinco días desaparecida antes de ser recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde posteriormente dio a luz sin que hasta ahora se le concediera una medida humanitaria.
Provea denunció que en ninguno de los 23 casos se celebraron las audiencias preliminares que exige la ley dentro de los plazos establecidos, y que en varias ocasiones los tribunales se negaron a recibir recursos de habeas corpus. La ONG también subrayó que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, ambos subordinados al régimen chavista, incumplieron con su obligación de investigar y garantizar los derechos de las personas detenidas, lo que evidencia una actuación coordinada de omisión institucional.
La organización concluyó que las desapariciones forzadas en Venezuela forman parte de un ataque generalizado contra la población civil y pidió al régimen de Maduro cesar estas prácticas, revelar de inmediato el paradero de las personas detenidas, restituir el derecho a la defensa y respetar las garantías constitucionales y procesales.
