Tres días después de la presentación del informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, la administración de Nicolás Maduro dio este sábado su respuesta oficial y desestimó a los expertos que elaboraron el reporte que señala «crímenes de lesa humanidad» en el país.

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El vocero del régimen para relaciones exteriores, Jorge Arreaza, aseguró que quienes hicieron el informe «son unos mercenarios», que buscan atentar contra el orden político en Venezuela.

En ese sentido, Arreaza advirtió que las denuncias que hace la ONU son una forma de «torpedear los intentos de diálogo» y van en contra del indulto recientemente concedido a 110 dirigentes políticos de la nación, que provocó la liberación de decenas de privados de libertad por motivos ideológicos.

El representante de Maduro no confirmó si habrá consecuencias internas tras el informe, que describió como lleno de «mentiras, incoherencias» y hecho bajo una «metodología fuera de todo rigor», por tres que habrían recibido dinero a cambio, según denunció.

De igual forma, el fiscal general de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, desacreditó las acusaciones porque los miembros de la comisión de investigación nunca visitaron Venezuela.

Para el exgobernador de Anzoátegui por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el reporte es «muy mediocre» y aseguró que en el país se han detenido a más de 447 efectivos de seguridad vinculados a acciones irregulares en el ejercicio de sus funciones.

Tarek William Saab, fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), comunicó el inicio de una investigación contra un grupo de personas pertenecientes al equipo de trabajo del presidente (E) Juan Guaidó.

El funcionario resaltó que, sobre el mandatario interino, pesan acusaciones sobre apropiación de bienes del Estado venezolano, en el Caribe.

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La denuncia se basa en que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, buscaron «apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos» de la nación, a través de tratos con Guaidó.

«Cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe», destacó Saab sobre el origen de los bienes.

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Los nombres de los investigados son: Fernando Javier Blasi-Blanchard, director de Asuntos Comerciales de la Embajada (E) de Venezuela en Estados Unidos; Magin Eduardo Blasi-Blanchard, hermano del primer señalado  y Javier Leonardo Troconis, comisionado presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos de Venezuela.

Tarek William Saab, fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, anunció que las autoridades venezolanas detuvieron a un ciudadano estadounidense, que presuntamente realizaba actividades de espionajes al sistema petrolero.

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«Brindamos detalles de la detención, entre otras personas, presuntamente militar, quien se encontraba realizando actividades de espionaje y desestabilización en territorio venezolano», dijo Saab en rueda de prensa.

Saab también solicitó la detención de Marcos Antonio Garcés Carapaica, Darwin Andreizo Urdaneta Pardo y Reinando Enrique Finol por su aparente implicación en el ingreso del ciudadano americano a suelo venezolano.

«Estos ciudadanos tenían previsto el ingreso de agentes estadounidenses a nuestro territorio para tener información estratégica de la refinería de Amuay y grupos militares de Zulia y Falcón», explicó.

El fiscal leal a Nicolás Maduro, Tarek William Saab informó que el Ministerio Público (MP) solicitará la extradición de los cuatros venezolanos que fueron detenidos este jueves por la justicia colombiana.

Según Saab, estos ciudadanos identificados como Yacsi Alexandra Álvarez, Rayder Alexander Russo y los hermanos Juvenal y José Sequea Torres estos ciudadanos estuvieron implicados en la Operación Gedeón contra Maduro, el pasado 3 de mayo.

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«Duque pretende presentarlos como aliados del gobierno venezolano que iban a atacar Colombia. Se trata probablemente del más grande acto de cinismo que haya hecho un presidente colombiano en el tiempo reciente», señaló.

Por su parte, el representante de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez también desmintió este viernes en cada nacional las acusaciones del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre el grupo de ciudadanos que fueron detenidos.

 

Tarek William Saab, fiscal general designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció avances en la investigación contra dos ex gerentes de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Los ex ejecutivos fueron imputados por aparente corrupción de corrupción. De acuerdo con los señalamientos, ambos participaron en los delitos de «fuga de información de carácter confidencial de la empresa». Además, habrían suscrito un documento con una empresa que «no tenía relación comercial con Pdvsa».

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Aryenis Torrealba se desempeñaba como gerente de Operaciones de Crudo, mientras que Alfredo Chirinos dirigía la Gerencia de Operaciones de Especialidades.

Saab anunció que fueron allanadas las residencias y oficinas de los imputados. En los operativos se incautaron un disco duro externo, tres computadoras, dos celulares y documentos que contenían «información confidencial» de operaciones de comercio de la empresa estatal.

El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, aplaudió este lunes en horas de la tarde el indulto presidencial anunciado por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a algunas personas del sector opositor en Venezuela.

Asimismo, aseguró que tal medida va a abrir los espacios a favor del diálogo entre los sectores políticos en el país.

«LA #CONVIVENCIA PACÍFICA Y EL ENTENDIMIENTO ENTRE [email protected] DE BUENA VOLUNTAD: GANADOS A HACER DEL DERECHO HUMANO AL SUFRAGIO Y EL DEBATE DE LAS IDEAS: LA ÚNICA VÍA POSIBLE PARA EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA #DEMOCRACIA VENEZOLANA», publicó en su cuenta en Twitter.

Tarek William Saab anunció que el Ministerio Público (MP) dictó orden de aprehensión contra ocho funcionarios de los cuerpos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro por el asesinato de dos comunicadores de Guacamaya TV.

Desde la sede del MP, Saab detalló que los responsables de lo ocurrido son los funcionarios José Salas, Néstor Olano, Nerio Álvarez y Andrés Díaz, José Morenos y José Contreras.

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También se solicitó orden de aprehensión contra la exfiscal Jackbe de los Ángeles Galbán «por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación».

De acuerdo a información del Ministerio Público, los cuerpos de seguridad ingresaron a una casa, donde estaban los comunicadores comunitarios, después que un joven abriera la puerta.

Los oficiales sacaron al adolescente de la vivienda y dispararon contra las personas. Al parecer se oyeron tres disparos y luego se subieron a un carro que tenia las siglas de FAES.

Andrés Zacaría, uno de los comunicadores recibió dos disparos y Víctor Torres uno. Sus cuerpos fueros trasladados al hospital de Cabimas, estado Zulia, por los mismo funcionarios.

 

 

El fiscal general de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público se encuentra investigando sobre el caso de desaparición del político Carlos Lanz.

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A través de su cuenta en Twitter, Saab indicó que se ha hecho «inspección técnica y fijación fotográfica del sitio de suceso, análisis de experticias telefónicas, entrevistas a 20 allegados, notificaciones a la Interpol, inspecciones técnicas, oficios a organismos públicos, entrevistas a personas que aparecen en sus trazas telefónicas el día del suceso y evaluación de sucesos».

Tanto el movimiento Tupamaro como sus allegados han pedido a las autoridades respuestas con respecto a su desaparición.

«Seguiremos informando del avance de las investigaciones «, escribió el fiscal.

El fiscal general designado por la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, anunció este viernes que dos personas implicadas en la Operación Gedeón fueron condenados a una pena de 20 años de prisión, tras haber admitido su responsabilidad en los hechos.

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Luego de la primera audiencia preliminar, los primero acusados fueron los norteamericanos Luke Denman y Airan Berry, quienes fueron señalados como presuntos «mercenarios» de la empresa de seguridad Silvercorp.

Saab aseguró que estos dos ciudadanos estadounidenses admitieron haber cometido delitos de «conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo», tipificados en el Código Penal.

El titular del Ministerio Público agregó que la audiencia seguirá con las demás personas implicadas en el caso, acusadas de pretender un derrocamiento de Nicolás Maduro.

La organización Amnistía Internacional exigió este jueves que se retiren los cargos contra el politólogo venezolano Nicmer Evans, quien fue detenido el pasado 13 de julio por «instigación al odio» contra la administración de Nicolás Maduro.

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El movimiento condenó la captura de Evans por parte de efectivos no identificados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Amnistía consideró que este caso se trata de una continuación de la práctica de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y violaciones de derechos humanos en el país.

En ese sentido, la organización exhortó al fiscal general nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, que se le de fin al caso Evans lo más pronto posible y su integridad personal sea resguardada.