El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente en una Determinación Presidencial que Nicolás Maduro está procesado en ese paús y que seguirá buscándolo para llevarlo ante la Justicia; en la misma determinación antidrogas para el año fiscal 2026, Washington incluyó a Venezuela en la lista de países mayores de tránsito o producción ilícita de drogas y la designó entre los que “incumplieron manifiestamente” sus obligaciones internacionales en la materia.
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El respaldo de la acusación está en los cargos penales presentados contra Maduro por fiscales estadounidenses en 2020, por los delitos de narcoterrorismo y conspiración. En la acusación también se encuentran altos jerarcas del chavismo, un expediente que Washington mantiene como base jurídica de su estrategia.
El documento también advierte que perseguirá a organizaciones de origen venezolano designadas como terroristas, como el Tren de Aragua, reforzando un enfoque de contra-terrorismo sobre dinámicas del crimen transnacional vinculadas a Venezuela.
Pese a la descertificación, la Casa Blanca activó una exención por “interés nacional”, lo que evita recortes automáticos a ciertos apoyos y mantiene espacio para cooperación selectiva —judicial, policial o de seguridad— que Washington considere útil para sus objetivos.
En conjunto, la determinación judicializa el relato estadounidense sobre la cúpula del régimen de Maduro y alinea instrumentos penales, sancionatorios y migratorios, con la promesa explícita de buscar procesar al propio Maduro y desarticular redes vinculadas, dentro y fuera de Venezuela.
