China confrontó nuevamente a Estados Unidos luego de que la Guardia Costera incautara un petrolero señalado de operar dentro de la llamada “flota en la sombra”, utilizada para transportar crudo venezolano en medio de las sanciones. Para Pekín, estas acciones constituyeron una “violación grave del derecho internacional” y sentaron un precedente peligroso en materia de soberanía.
Durante una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, afirmó que su país rechazó cualquier sanción que no contara con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU y advirtió que las medidas unilaterales “pusieron en riesgo la seguridad de otros Estados”. También sostuvo que Venezuela podía establecer alianzas energéticas “sin tutelas externas” y aseguró que varios países respaldaron esa posición.
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El régimen chavista respondió con su propio relato. Nicolás Maduro calificó las incautaciones de cargamentos y los operativos en el Caribe como “piratería de corsarios” y denunció una ofensiva que —según afirmó— combinó presión militar, hostigamiento y retención de tripulaciones. Aseguró que se trató de “acciones de un Estado imperial” orientadas a controlar los recursos del país.
En paralelo, Delcy Rodríguez informó la salida desde Venezuela de un buque de Chevron cargado con crudo rumbo a Estados Unidos, señalando que la operación se realizó “bajo normas estrictas” y dentro de los acuerdos vigentes. El anuncio se produjo en un contexto de tensión, marcado por dos recientes incautaciones de petroleros cerca de aguas venezolanas.
El oficialismo insistió en que continuaría defendiendo sus recursos energéticos y acusó a Washington de actuar de forma “arbitraria y hostil”, mientras China reforzó su respaldo diplomático a la administración de Maduro en el escenario internacional.
