La Oficina de la Vocería de María Corina Machado y Edmundo González denunció que las excarcelaciones registradas la madrugada del 25 de diciembre no representan liberaciones reales, sino movimientos bajo control judicial que mantienen a los afectados bajo restricciones y vigilancia.
Según la vocería, las personas excarceladas —entre ellas adolescentes, adultos mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas— habrían enfrentado procesos arbitrarios, sin acceso pleno a la defensa, además de denuncias de torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas e incomunicación durante su detención. Aunque pudieron reencontrarse con sus familias tras meses de separación, la oficina subrayó que más de 900 presos políticos continúan recluidos en más de 90 centros de detención en el país.
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El comunicado advierte que estas excarcelaciones no deben interpretarse como avances políticos, sino como parte de un patrón que describen como “puerta giratoria”, en el que nuevas detenciones reemplazan rápidamente a quienes salen de prisión.
Sobre rehenes y excarcelaciones en Venezuela 🇻🇪
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Political prisoners should not be bargaining chips in Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/d6xIWr91vK
— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 27, 2025
También señalan que el sistema carcelario venezolano carece de condiciones básicas de alimentación, salud e higiene, lo que obliga a familiares a asumir costos y riesgos para garantizar la supervivencia de los detenidos.
La vocería atribuyó estas excarcelaciones a la presión sostenida de familiares y organizaciones, y afirmó que la narrativa oficial que presenta estas salidas como “liberaciones” busca proyectar una distensión política.
En contraste, pidieron a gobiernos democráticos, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos mantener e intensificar la presión, respaldar los procesos ante la Corte Penal Internacional y exigir la liberación total e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos.
El mensaje concluye con un llamado a poner fin a la “puerta giratoria” y evitar que los ciudadanos detenidos sigan siendo utilizados como piezas de negociación.
