Theresly Malavé, abogada del preso político, Erasmo Bolívar, denunció, este martes, en el programa “Al Día con Sergio”, que su defendido presenta una sintomatología similar a la del nuevo coronavirus Covid-19. 

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La penalista resaltó que Bolívar “tiene una obstrucción total para respirar”. Por ello, la jurista reiteró la necesidad de que su cliente, quien permanece detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, sea trasladado hasta un centro médico.

“A Erasmo no se le ha prestado la atención debida, no lo han llevado para aunque sea tomarle una placa”, detalló Malavé.

La hermana del capitán Luis De La Sotta, actual preso político, señaló que al menos 200 privados de libertad que se encuentran en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar, corren el riesgo de contraer el covid-19. Además, exigió la presencia de la Cruz Roja internacional y de los representantes de los Derechos Humanos de las Naciones.

A través de un vídeo difundido en las redes sociales, De La Sotta explicó que desde hace cinco meses el General Carlos Terán Hurtado “prohibió la visita de familiares y abogados. Asimismo, restringió el ingreso de alimentos, agua potable, medicamentos, llamadas telefónicas y hasta traslados hospitalarios”.

Por esta razón, la venezolana se dirigió a la Fiscalía General para denunciar el caso, resultando designada la fiscal nacional N° 32, Luisa Dueñas, pero esta no ha podido visitar las instalaciones de la fuerza de seguridad por las medidas de prevención.

Morella De La Sotta es hermana del capitán de navío, Luis De la Sotta, quien desde hace dos años se encuentra detenido sin ningún tipo de juicio en las edificaciones del Dgcim. En el audiovisual, aseguró denunciar desde hace meses los “tratos crueles e inhumanos” de los cuales ha sido sometido su hermano.

Humberto Prado, comisionado del Gobierno (E) para los Derechos Humanos, hizo un “llamado urgente” a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para la materia.

En su exhorto, Prado pidió a Bachelet hacer presión para lograr la liberación de los presos políticos en Venezuela.

El representante del Ejecutivo interino hizo hincapié en el incumplimiento, por parte de la administración de Nicolás Maduro, de lo convenido con la alta funcionaria, en septiembre de 2019.

En aquella fecha se firmó un memorándum de entendimiento, que faculta a los representantes de Naciones Unidas para ingresar a los centros de reclusión y constatar el estado de los presos políticos.

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“El propio Grupo de Detenciones Arbitrarias ha emitido resoluciones donde varios de estos presos deben estar en libertad inmediata porque su detención ha sido arbitraria”, recordó Prado en un vídeo.

Delsa Solórzano, diputada y presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional (AN), compartió un video mediante su cuenta de Twitter para exigir medidas humanitarias para los presos políticos en Venezuela, en vista del “grave riesgo” de contagio de Covid-19.

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“Tenemos la certeza de que el covid-19 ha llegado hasta varias de las prisiones donde se encuentran los presos políticos venezolanos”, indicó Solorzano.

De acuerdo el audiovisual, la fiscal n° 32 del Ministerio Público confirmó la presencia de casos positivos del nuevo coronavirus en los sótanos del Helicoide y la Dgcim, donde “están en riesgo, aproximadamente, 200 personas.

La comisión parlamentaria exige el acompañamiento de la comisión de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a los familiares de los presos políticos.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional denunció este martes un posible foco de contagio en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que podría afectar a los privados de libertad en dicho lugar.

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Franco Casella, diputado al Parlamento, alertó sobre la posibilidad de un brote de coronavirus dentro de la población de reclusos en el Dgcim, en donde hay presos por motivos políticos.

“Exigimos el informe médico exacto de cada uno de los reclusos allí presentes y una fe de vida”, dijo el legislador.

Según la información que maneja el Observatorio, algunos detenidos han presentado síntomas de la enfermedad y las pruebas rápidas aplicadas dieron positivo, por lo que los presuntos contagiados han sido aislados en el área de enfermería “sin la atención necesaria”.

De igual manera, Casella afirmó que en medio de la pandemia no es recomendable realizar audiencias para cualquiera de los detenidos porque se ven expuestos. Esto en relación a una próxima presentación de 17 personas acusadas del presunto plan de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018.

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Hemos recibido información de familiares de Presos Políticos recluidos en DGCIM informando de un posible foco de COVID-19 en el lugar. Exigimos el ingreso de médicos e información del Ministerio Público. Algunos detenidos han presentado síntomas. Las pruebas rápidas dieron positivo para COVID-19, los han aislado en el área de enfermería sin la atención necesaria. DENUNCIAMOS, que el DGCIM niega el derecho a la salud a los Presos Políticos que alberga en condiciones infrahumanas en sus instalaciones. Es urgente el diagnóstico temprano de COVID-19. Lo que está sucediendo en la sede del DGCIM es una grave violación a los Derechos Humanos. Desde @DDHHAN exigimos se respeta el derecho a la vida y a la salud, solicitamos atención médica y fe de vida. – #COVIDEnDGCIM

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La directora de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, declaró este lunes durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli que en Venezuela existen al menos unos 260 militares detenidos, a los cuales todavía se les defiende para conseguir su liberación por parte de la administración de Maduro. 

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 De igual manera, Camejo resaltó que la pandemia del coronavirus Covid-19 generó un cambio en la defensa de todas estas personas, pues en las cárceles en las que se encuentran detenidos se prohibió el acceso de visitas tanto de familiares y abogados para evitar posibles contagios. 

“Tenemos conocimiento de 260 militares privados de libertad por razones políticas, no podemos verificar que la cifra sea 100% real, porque existen casos de familiares que no han denunciado la detención de estos funcionarios (…) No tenemos información de que exista algún contagio en estos sitios de reclusión, las cárceles fueron completamente cerradas para evitar la propagación del virus ante la precaria situación de los presos”, expresó Camejo.

La directora de la ONG instó a las autoridades para que estudien la posibilidad de tomar medidas de seguridad y permitir así el ingreso de familiares y abogados a las cárceles para ver cómo se encuentran los privados de libertad.

El Foro Penal venezolano aseguró que las recomendaciones establecidas en el último informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, sobre los presos políticos en el país, han sido incumplidas, por lo que considera necesario relacionarlo con el documento anterior presentado el 4 de julio de 2019.

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De acuerdo al último informe de la ACNUDH divulgado el 2 de julio del presente año, los familiares de presos políticos han expresado que se mantienen “las graves violaciones a los Derechos Humanos”, pues a su criterio, se debe realizar una evaluación técnica y objetiva.

El Foro Penal, destacó algunas de estas recomendaciones, explicando que a pesar de reconocer la continuidad de ellas, no se refleja un avance y resolución contundente.

En cuanto a los “actos de persecución y represión selectiva por motivos políticos”, que se le exigió el cese de ello al Estado venezolano, el organismo penal alegó que el informe no refleja las múltiples denuncias realizadas de incremento de la represión política por parte de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos.

A su vez, destacó algunos de los casos de “desapariciones forzadas”.

El documento no resalta el retroceso que representa “este patrón”, así como no hace mención a las personas que aún se encuentran desaparecidas, la mayoría de ellas detenidas por el DGCIM; a pesar de varias acciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU.

Agregó que se ha hecho una “utilización injustificada” de la pandemia del coronavirus y del estado de alarma en el país, al restringir el acceso a la justicia, impidiendo acciones de abogados que tienen los detenidos.

“Esto es una grave situación que viola el derecho a la defensa”, aseveró el foro penal.

Como punto importante, también destacó que tras la solicitud de la ACNUDH al Estado venezolano de visitar los centros reclusión, el informe no detalla las graves condiciones en las que se encuentran los presos en las diferentes cedes de la ciudad de Caracas, exhortando a la Alta Comisionada, que en el siguiente documento que abordará la situación en el país, debe destacarse la importancia de acudir a los centros para corroborar lo mencionado.

“En nombre del Foro Penal, los presos políticos y sus familiares que abajo suscriben, así como las diversas víctimas de la represión política que representamos, confiamos en que la ACNUDH responda concretamente lo aquí planteado en la extensión del referido informe del 2 de julio de 2020, a ser presentada el 15 de julio de este mismo año”, indica parte del comunicado emitido por el Foro Penal.

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Adriana Pichardo, denunció la violación de los Derechos Humanos (DDHH) que se han cometido con los más de 500 presos políticos que hay en Venezuela, quienes no cuentan con buenas condiciones de salubridad.

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En medio de esta situación, se le suma que estos reclusos tienen más de tres meses sin poder ver a sus familiares, tras las medidas que han sido tomadas en los centros de detención.

“Esto es una tortura, tratos crueles e inhumanos. Tampoco están recibiendo ningún tipo de atención médica y mucho menos su debido proceso, por que por supuesto le niegan el acceso a sus abogados”, expresó la parlamentaria venezolana.

Resaltó que hasta la fecha se desconoce la condición de salud de los presos políticos en las cárceles venezolanas, es decir, no se sabe si aquellos que son enfermos tienen acceso a sus medicamentos o si por lo menos reciben comida.

“Desde esta Asamblea Nacional exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares”, agregó Pichardo.

Ana María Da Costa, hermana del preso político Vasco Da Costa, explicó que a muchas de estas personas que fueron detenidas bajo esta condición, son sometidas a tratos “crueles e inhumanos”.

“Esos hombres están todos expuestos y no solo a la incomodidad y al trato cruel que significa el estar esposado a una cama, sino expuestos a una corriente de aire que pone en grave peligro su salud, y no los dejan ni siquiera descansar”, relató Da Costa.

El Foro Penal venezolano presentó este miércoles un balance sobre la situación de los presos políticos en el país, resaltando que 449 personas se mantienen recluidas en centros penitenciarios bajo la administración de Nicolás Maduro.

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Entre los detenidos por razones políticas se encuentran 414 hombres y 35 mujeres, de los cuales 321 son civiles y 128 militares aprehendidos. Al tiempo, resaltaron que 447 de estos son adultos y solamente 2 son adolescentes.

Algunos de los presos políticos que todavía se encuentran en calabozos son los diputados Juan Requesens, Renzo Prieto y Gilber Caro, los mayores generales, Raúl Isaías Baduel y Miguel Rodríguez Torres y el Capitán, Juan Carlos Caguaripano; y otros ciudadanos como Roberto Marrero.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, certificó que hay 428 presos políticos en Venezuela, cifra ofrecida por la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal.

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El organismo hasta el pasado 25 de mayo contabilizó 428 detenciones en el país, y se encuentran divididas de la siguiente manera: 400 hombres, 28 mujeres; 300 civiles, 128 militares; 424 adultos y 4 adolescentes.

Parte del incremento de las detenciones arbitrarias se han generado porque funcionarios policiales del Estado venezolano se han llevado presos a aquellos que estén manifestando por la mejora de los servicios básicos en el país.

ALMAGRO