Privados de libertad recluidos en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, estado Zulia, claman por asistencia médica, al ver como algunos de sus compañeros de celda padecen enfermedades como tuberculosis, se encuentran en fases terminales de salud.

Te puede interesar: #Venezuela | 64 playas están abiertas este fin de semana en Vargas (+Vídeo)

Mediante un video se puede apreciar claramente el deterioro físico de los reos, quienes aseguran que no les permiten que sus familiares les entreguen alimentos, medicamentos y agua para hidratarse.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, ha señalado que el Retén de Cabimas, será clausurado ya que «se mantiene un número importante de personas recluidas» que requieren de atención médica».

Esta no es la primera vez que privados de libertad alzan su voz ante las condiciones críticas que sufren.

En el foro virtual «Las víctimas hablan», organizado por la Embajada del Gobierno (E) de Venezuela en Estados Unidos, familiares de dos presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, ofrecieron sus testimonios a la opinión pública internacional

Molly De La Sotta, hermana del Capitán de Navío Luis De La Sotta, y Meudy Osio de Albán, viuda del concejal Albán, denunciaron los tratos crueles y violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidos sus familiares.

Lea también: #Venezuela | ¿Qué pasara cuando se venza el período de la Asamblea Nacional? Esto dijo el pdte. (E) Guaidó (+Video)

De La Sotta, denunció que su hermano, recluido en la sede Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, fue torturado «para que se declarara culpable de estar involucrado en un presunto golpe de Estado junto a la dirigente política María Corina Machado».

El oficial de la Armada fue detenido el pasado 18 de mayo de 2018 luego de denunciar que el vicealmirante Edward Ojeda Sojo, nombrado segundo comandante de la Infantería de la Marina, utilizaba vehículos de la unidad para fines personales.

Molly indicó que su hermano estuvo recluido en un sótano donde «no había aire natural y les quitaban el aire acondicionado de vez en cuando, convirtiendo las celdas en un horno (…) Se pueden bañar una vez a la semana».

«Su razón de ser eran sus hijos»

Por su parte, Meudy Osio de Albán, indicó que «tenía la esperanza de que su esposo fuera liberado» antes de que falleciera en extrañas circunstancias en octubre de 2018.

El régimen detuvo a Albán por presuntamente haber participado en un fallido ataque con drones contra Nicolás Maduro, que ocurrido en agosto de ese año durante un acto en la avenida Bolívar de Caracas.

Según la versión de la administración de Maduro, Albán «se suicidó» al lanzarse desde uno de los pisos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Plaza Venezuela.

«Fue un padre y un esposo dedicado, su razón de ser eran sus hijos (…) Fernando también fue político pero para el bien común», indicó Osio de Albán.

La organización sin fines de lucro, Foro Penal, publicó este martes la cifra actualizada de los presos políticos en Venezuela hasta el 28 de septiembre de este año.

Actualmente, hay 348 presos por motivos políticos, de los cuales 324 son hombres y 24 son mujeres.

De esta cifra, 127 son militares, 221 son civiles y solo dos son menores de edad.

El observatorio de Derechos Humanos (DDHH) de la Asamblea Nacional (AN), presidido por la diputada Adriana Pichardo, informó que, en Venezuela, hay 162 funcionarios militares, que se encuentran en distintos recintos carcelarios como presos políticos.

La parlamentaria agregó que, entre esos 162 presos de conciencia, hay siete oficiales mujeres.

Pichardo precisó que los funcionarios encarcelados ejercían se desempeñaban como oficiales de la Guardia Nacional (67), el Ejército (66), la Aviación (18) y la Armada (7).

Le puede interesar: #Venezuela | Comisión de Exteriores del Gobierno (E) denunció ejecuciones extrajudiciales de miembros de la Operación Gedeón

Según Pichardo, hasta el momento hay cuatro efectivos más, cuya identidad no ha sido precisada.

«Esto ha ido en crecimiento cada año, debido al entorno político y la persecución», dijo la legisladora.

En una conferencia de prensa celebrada este viernes, Adriana Pichardo detalló que durante el año 2019 se registraron 65 detenciones arbitrarias, en las que se vieron comprometidos efectivos de la Fuerza Armada.

Al referirse al informe presentado, este miércoles, por una Misión Internacional de Investigación de la ONU, Pichardo aseguró que el reporte «representa lo que hemos venido denunciando, es la violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país».

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano, quien también pertenece al observatorio de Derechos Humanos de la AN, explicó que el reciente informe es distinto a reportes anteriores, pues «en éste se testifica quiénes son los responsables de los crímenes y responsables de violar los derechos humanos».

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, se pronunció, este lunes, sobre la reciente excarcelación de 110 presos políticos.

Lea también: #Venezuela | Nicmer Evans al chavismo: hoy están haciendo lo que criticaban

Al referirse al tema, Romero recordó que, en las cárceles venezolanas, aún existen 333 personas privadas de libertad, por disentir y adversar a la administración de Nicolás Maduro.

Durante sus declaraciones, el abogado precisó que de las 110 personas liberadas la semana pasada, 53 eran presos de conciencia; 24 habían sido excarcelados, pero tenían procesos pendiente; 6 ya tenían libertad plena y otras 26 eran investigadas, pero no habían sido imputadas.

Romero indicó que Venezuela se mantiene como el país con más presos políticos de América Latina, superando a naciones como Cuba y Nicaragua.

El abogado defensor de presos políticos, Omar Mora Tosta, afirmó este miércoles que las excarcelaciones de civiles privados de libertad durante la semana responden a intereses políticos por parte de la administración de Nicolás Maduro, por lo que no se puede hablar del tema en términos jurídicos.

Lea también: #QuéPasóCon | Sector salud enfrenta la pandemia bajo condiciones “indecentes”

Mora Tosta comparó la salida de presos de las cárceles venezolanas con «liberaciones de rehenes», pues consideró que ninguno de los beneficiados había cometido un delito.

Además, el abogado acusó a Nicolás Maduro de intentar «lavar» su imagen en el plano internacional, a pocos meses de las elecciones legislativas del 6 de diciembre.

Iván Simonovis, ex preso político y actual comisionado especial de Seguridad del Gobierno Encargado de Venezuela, conversó con el periodista Sergio Novelli, sobre las recientes liberaciones de dirigentes opositores que se encontraban encarcelados.

El comisario de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), indicó que «las costuras del régimen están claras» y que estas excarcelaciones corresponden a una «jugada política que tienen la firme intención de manipular y tratar de ganar credibilidad».

«Viví 15 años preso y entiendo lo que es volver a respirar aire puro, así que sólo puedo estar feliz por cualquiera que sea liberado», manifestó Simonovis.

Lea también: #Venezuela | Renzo Prieto estuvo en «una celda donde no se podía distinguir el día de la noche«

El expolicía advirtió, sin embargo, que las excarcelaciones podrían ser una nueva «manipulación del régimen» para tratar de «mostrarse como los buenos y como los que tienen buena voluntad».

«Cada preso político en Venezuela es una ficha de negociación y el régimen las va a usar dependiendo del tipo de negociación que se dé», aseguró el comisionado.

Con respecto a las conversaciones secretas entre Henrique Capriles Radonski, Stalin González y representantes del Gobierno Turco (aliado de Nicolás Maduro), el funcionario indicó que «las negociaciones deben ser transparentes».

«Negociación es soltar a todos los presos políticos, crear un nuevo CNE y abrir unas elecciones abiertas para todo el mundo», agregó.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y preso político excarcelado, Renzo Prieto, reveló, al periodista Sergio Novelli, los tratos inhumanos a los que fue sometido, durante su detención en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), en Caracas.

Prieto, uno de los más de 100 dirigentes opositores que, este lunes, recibieron un «indulto» por parte de la administración de Nicolás Maduro, relató que convivió con «seis personas en una celda de cinco metros cuadrados».

Lea también: #Venezuela | Contratista de Pdvsa es asesinado en Anzoátegui

El político comentó que, durante los tres primeros días de detención, estuvo esposado a una cama. Según el dirigente, permaneció «19 días sin colchoneta ni cobija, simplemente con la ropa que teníamos puesta (…) Pasaron seis días para poder darnos una ducha».

«Era una celda donde no se podía distinguir el día de la noche (…) Nuestra única fuente de luz era un bombillo que estaba prendido las 24 horas del día», contó.

De acuerdo con el tachirense, durante su encarcelamiento, sólo pudo recibir luz solar en cuatro oportunidades. La primera de ellas fue «el 15 de julio, después de 4 meses». El legislador agregó que, tras par de horas al sol, presentó síntomas de insolación.

«Durante los cinco meses y 21 días que estuve allí adentro, nunca tuve comunicación hacia afuera, ni con mi familia ni una llamada (…) Luego de que salí del secuestro, fue que pude llamar a mi familia», añadió.

A pesar de las vejaciones a las que fue sometido, Renzo Prieto aseguró que «no reconoce ningún indulto, porque el que lo da es un usurpador. También admitió que «en lo particular, no participaría en unas elecciones, a menos que sean justas».

Prieto fue detenido, por funcionarios de las FAES-PNB, el 10 de marzo de este año, junto a los diputados Zandra Castillo y Ángel Torres. A Castillo, que se encontraba embarazada, y a Torres los liberaron horas más tarde.

Ese fue el segundo arresto político sufrido por el asambleísta. El primero, que se produjo en mayo de 2014, lo llevó a pasar 1.484 días privado de libertad, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en el Helicoide. En aquella oportunidad, el diputado fue imputado por asociación para delinquir y fabricación de armas. Se le excarceló el 2 de junio de 2018.

El político Henrique Capriles Radonski aseguró este martes en horas de la noche que «no hay negociaciones entre Turquía y la oposición de Venezuela», pero si afirmó que por sus «gestiones personales» pudieron salir los 110 presos políticos.

Lea también: #Política | Presidencia (E) desconoce sobre una mesa diálogo entre Capriles y Maduro

A través de su cuenta en Twitter explicó que hablar con miembros de la comunidad internacional «es lo normal cuando crees en la política y en la democracia», en marco de las declaraciones del canciller de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, quien reveló las conversaciones entre el excandidato presidencial y el diputado Stalin González con la administración de Nicolás Maduro para incorporar la presencia de observadores internacionales, a petición de la Unión Europea.»Hablar con un miembro de la comunidad internacional es lo normal cuando crees en la política y en la democracia. Para la muestra un botón», publicó.

«Tengan claro: con chinos, con rusos, con europeos, hablaremos con todo el que sea necesario para sacar a los venezolanos de esta crisis», indicó el también exgobernador del estado Miranda.

Asimismo, Capriles asumió ser el autor de la iniciativa del equipo de Maduro en otorgar el perdón total a los presos políticos civiles, anunciado el pasado lunes por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. «Hoy, por mis «gestiones personales”, nos sentimos satisfechos de la libertad de 110 presos políticos. Mi único interés es defender a los venezolanos y lograr la libertad de Venezuela», precisó.

El dirigente sindical venezolano Rubén González fue liberado la noche de este martes tras pasar más de 20 meses detenido por razones políticas, según anunció la ONG Provea.

Lea también: Guaidó aseguró que la liberación de presos políticos es una estrategia de Maduro

Ante el indulto concedido por la administración de Nicolás Maduro, González fue excarcelado en La Pica, en el estado Monagas.

El caso de este sindicalista fue uno de los más denunciados por los defensores de los derechos humanos en el país, pues había sufrido varias crisis hipertensivas y su juicio lo llevó a cabo un tribunal militar.

Al momento de su captura, González tenía más de 10 años como dirigente en la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, en la que denunció el mal estado de los empleados.