Los medios españoles lo han nombrado como Delcygate, haciendo referencia al más reciente escándalo político en el territorio ibérico y Venezuela, cuando la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, estando sancionada por la Unión Europea (UE) y con prohibición al espacio Schengen.
A pesar que las autoridades aseguraron que no se le selló su pasaporte, su llegada y su paseo por la sala VIP del terminal aéreo ha generado una disputa internacional.
La Unión Europea es una comunidad internacional de 27 miembros que tiene como objetivo fortalecer las relaciones en las naciones de distintos modos, sobre todo en el sistema jurídico y en el político. Fue fundado en 1993 y hasta los momentos ha trabajado en función de ello.
En el Parlamento español mucho se ha debatido sobre este caso, en que el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se ha excusado con distintas versiones de lo sucedido.
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Delcygate y la UE
La UE define las sanciones como un “instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común” con el fin de generar cambios en la política o en la conducta de aquellas personas, instituciones, gobierno u organizaciones señaladas. Además, también se busca disminuir su capacidad de manejarse o debilitar su posición.
En el caso de los gobiernos, es para aquellos que no pertenecen a la Unión Europea y en cuanto a las instituciones es para las no estatales que llevan a cabo esas políticas, objeto de las medidas. Con respecto a los grupos, se debe netamente a los terroristas y a los individuos, como es el caso de Venezuela, que ha violado los Derechos Humanos o que han cometido actos de corrupción.
Con esto, la UE busca cumplir con las obligaciones del Derecho Internacional y de DDHH. No obstante, al aplicar este tipo de sanciones se debe hacer a solo instituciones o personas para que no afecte a los terceros. Las medidas más frecuentes consisten en las económicas-comercial o financieras, como el embargo de armas o la prohibición de su entrada en otros estados o la congelación de sus activados.
Para el Tratado de la Unión Europea, se busca defender los intereses estratégicos y protección de sus objetivos fundamentales en el exterior desde el artículo 21.
Pero ahora el caso de Delcygate está tomando otro tipo de dirección para los señalamientos de Ábalos, ya que no se podrán destruir los vídeos de seguridad dentro del aeropuerto de Barajas. Pues, varios senadores han pedido la dimisión del ministro de su cargo, a pesar que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que tal encuentro evitó “una crisis diplomática”.
Lo que sí es verdad es que varios de los integrantes del Poder Legislativo emitieron una moción en contra de Ábalos, pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos votaron en contra.
