Un tribunal de Madrid ordenó este miércoles archivar la investigación en contra de varios funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez por dejar transitar a la vicepresidenta de la administración de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, siendo una persona sancionada por la Unión Europea desde el 2019.

El argumento del juzgado de instrucción número 31 de Madrid fue que el aeropuerto es una zona de tránsito y no de España, apoyándose en el artículo 25 de la Ley de Extranjería.

A principios de año, Rodríguez viajó a España con el fin de hacer escala y dirigirse a Turquía. Para hacerlo, tuvo que aterrizar en Barajas y horas más tarde el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos, conversó con ella sobre los inconvenientes al respecto. Sin embargo, varios dirigentes de oposición en España lo acusaron de violar las leyes de la Unión Europea, ya que la funcionaria de Maduro no puede viajar por el espacio Schengen.

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Para el juez Antonio Serrano-Arnal, Rodríguez estuvo en la sala de terminal de aviación ejecutiva y aseguró que «la dirigente venezolano no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional».

El caso de Delcygate está también en el Tribunal Supremo de España por parte del partido VOX en contra de Ábalos, a pesar que para ellos no existen «indicios suficientes» para ser un delito de prevaricación.

El eurodiputado, Leopoldo López Gil, -mejor conocido también por ser padre del líder opositor venezolano, Leopoldo López, pidió a la Unión Europea no retirarles las sanciones a los funcionarios de Maduro por violación a los Derechos Humanos en su país, por lo que la institución aseguró que iba a estudiar el caso, sobre todo el de Delcy Rodríguez.

El inspector jefe de Fronteras que se encontraba al frente del Aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, cuando sucedió el «Delcygate», fue designado como ministro de Interior de España por Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, el nombramiento no ha sido confirmado en el Boletín Oficial del gobierno español, según AFP.

La porta voz del Partido Popular en asuntos de Interior, Ana Vázquez, fue la primera en relacionar la designación de Cuesta con Delcy Rodríguez.

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El inspector estuvo al frente de la llegada del avión en donde viajó a España la representante de Maduro el pasado 19 de enero, lugar donde se encontró con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

A la número dos de la administración de Maduro se le prohibió la entrada al territorio Shengen, luego de ser sancionada por la Unión Europea, desde noviembre de 2017.

El «Delcygate» se originó desde la escala que realizó Rodríguez en Madrid durante un viaje rumbo a Turquía a mediados de enero.

Hasta la fecha no se conoce el motivo del acercamiento del gobierno de Pedro Sánchez, presidente de España y el régimen de Maduro.

El partido español Vox, recaudó 20.000 euros de fianza para que la justicia de ese país ejerza la acusación sobre el llamado “Delcygate”.

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A principios de marzo, el juez Antonio Serrano-Arnal, que investiga el encuentro entre José Luis Ábalos, ministro de Fomento de España, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, unificó en un solo procedimiento las tres denuncias tramitadas por Vox, Partido Popular y Leócratas, pero pidió a Vox y al Partido Popular consignar 20.000 y 5.000 euros, respectivamente.

Santiago Abascal, presidente del partido, compartió este miércoles la campaña de crowfunding solicitando ayuda para poder pagar esa cantidad de dinero.

Los medios españoles lo han nombrado como Delcygate, haciendo referencia al más reciente escándalo político en el territorio ibérico y Venezuela, cuando la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, estando sancionada por la Unión Europea (UE) y con prohibición al espacio Schengen. 

A pesar que las autoridades aseguraron que no se le selló su pasaporte, su llegada y su paseo por la sala VIP del terminal aéreo ha generado una disputa internacional.

La Unión Europea es una comunidad internacional de 27 miembros que tiene como objetivo fortalecer las relaciones en las naciones de distintos modos, sobre todo en el sistema jurídico y en el político. Fue fundado en 1993 y hasta los momentos ha trabajado en función de ello.

En el Parlamento español mucho se ha debatido sobre este caso, en que el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se ha excusado con distintas versiones de lo sucedido.

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Delcygate y la UE

La UE define las sanciones como un «instrumento esencial de la Política Exterior y de Seguridad Común» con el fin de generar cambios en la política o en la conducta de aquellas personas, instituciones, gobierno u organizaciones señaladas. Además, también se busca disminuir su capacidad de manejarse o debilitar su posición.

En el caso de los gobiernos, es para aquellos que no pertenecen a la Unión Europea y en cuanto a las instituciones es para las no estatales que llevan a cabo esas políticas, objeto de las medidas. Con respecto a los grupos, se debe netamente a los terroristas y a los individuos, como es el caso de Venezuela, que ha violado los Derechos Humanos o que han cometido actos de corrupción. 

Con esto, la UE busca cumplir con las obligaciones del Derecho Internacional y de DDHH. No obstante, al aplicar este tipo de sanciones se debe hacer a solo instituciones o personas para que no afecte a los terceros. Las medidas más frecuentes consisten en las económicas-comercial o financieras, como el embargo de armas o la prohibición de su entrada en otros estados o la congelación de sus activados. 

Para el Tratado de la Unión Europea, se busca defender los intereses estratégicos y protección de sus objetivos fundamentales en el exterior desde el artículo 21.

Pero ahora el caso de Delcygate está tomando otro tipo de dirección para los señalamientos de Ábalos, ya que no se podrán destruir los vídeos de seguridad dentro del aeropuerto de Barajas. Pues, varios senadores han pedido la dimisión del ministro de su cargo, a pesar que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que tal encuentro evitó “una crisis diplomática”. 

Lo que sí es verdad es que varios de los integrantes del Poder Legislativo emitieron una moción en contra de Ábalos, pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos votaron en contra