La administración de Nicolás Maduro pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional (CPI) apelar el reciente informe emitido por la Sala de Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés), que contiene las opiniones de 8.900 las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que solicitan la reanudación de la investigación.
El petitorio de la administración de Maduro fue calificado como “un hecho sin precedentes” por parte de la ONG Provea, quien precisó en sus redes sociales que “tiene muy pocas posibilidades de éxito” y, a su juicio, respondería a “fines dilatorios”.
La petición tiene muy pocas posibilidades de éxito y fines dilatorios
Los Jueces de la CPI deberán responder a la petición del Estado, lo que podría retrasar el procedimiento para decidir si se autoriza al Fiscal, Karim Khan, a retomar la investigación por crímenes, Venezuela I.
— PROVEA (@_Provea) April 27, 2023
La misma opinión tiene la organización Acceso a la Justicia, y resaltó que la petición para apelar elinforme de la VPRS “no tiene sentido, dado que el informe es confidencial tanto para el gobierno como para el fiscal Karim Khan en atención a la protección de las víctimas”. Pese a su consideración concluye en que se debe “esperar la decisión de la Sala”.
Esta solicitud por parte de Venezuela no tiene sentido, dado que el informe es confidencial tanto para el Gobierno como para el fiscal Karim Khan en atención a la protección de las víctimas, pero evidentemente hay que esperar la decisión de la Sala al respecto #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 27, 2023
El pasado viernes la VPRS resaltó que “la gran mayoría de las víctimas apoyan la solicitud de la Fiscalía de reanudar la investigación y afirman que el gobierno venezolano no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, por las autoridades estatales, las fuerzas de seguridad y los ‘colectivos”.
Durante la presentación del informe, la sala agregó que “las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”.
Sintoniza nuestros contenidos en YouTube. Visítanos y suscríbete aquí:
