El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva, que actualmente albergan a 25.000 internos en todo el país.
De acuerdo con la explicación del fiscal, se comprometieron con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para «convertir los centros preventivos» en «casas de paz», de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.
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«Con la presencia de un fiscal del Ministerio Público y del juez competente, ya como una orden institucional estructural, avanzar en lo que implica la agilización de los procesos penales», explicó Saab al término de una reunión junto al ministro de Interior y Justicia oficialista, Remigio Ceballos.
Este anuncio se produce un día después de que terminara un motín dentro de unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Aragua (norte), con el que un centenar de presos mantuvo como rehenes a cuatro policías para exigir el fin de los «abusos» y denunciar el retardo en sus procesos judiciales.
Según la ONG Una Ventana a la Libertad, el hacinamiento en los calabozos policiales fue de 334,55 % en 2022, lo que ha empeorado las condiciones sanitarias de las personas allí recluidas.
