El colapso de las negociaciones sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de EE. UU. podría dejar en un limbo legal a quienes buscan ampararse en la medida, así como a los aplicantes y quienes lo ostentan, según lo reseñado por la prensa de ese país.
Para la abogada sénior de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del norte de California, “es cruel e injusto” que “cientos de miles de personas corran el riesgo de ser despejados de sus comunidades y familias”, luego de haber recibido esta protección humanitaria “durante más de dos décadas”.
Lea también: Todo lo que tienes que saber sobre el proceso de re-registro para el TPS
“Los titulares de TPS y sus familias no deberían estar en el limbo ni un día más”, expresó MacLean, quien representa a los demandantes. Desde la ACLU informaron que las conversaciones de conciliación “colapsaron oficialmente ayer por la tarde, dejando a más de 260,000 personas en riesgo de deportación”.
La demanda por la cual se deriva el caso data de 2018, cuando la administración Trump intentó poner fin a una forma de ayuda humanitaria para migrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, y posteriormente Nepal y Honduras.
Para entonces, los demandantes afirmaron que era “ilegal” la decisión que tomó la administración Trump, argumentando que esta podría causar perjuicios a los hijos ciudadanos estadounidenses de los titulares de TPS.
En octubre, los demandantes obtuvieron un alivio temporal, gracias al fallo de un tribunal de distrito federal, el cual dictaminó que las terminaciones del programa hechas por Trump serían “ilegales”, y motivadas por intenciones “racistas”. Pero un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, en septiembre de 2020, revocó la orden del tribunal inferior.
Sobre esto último, la ACLU aseveró que “esa decisión aún no es definitiva porque la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el Noveno Circuito en pleno sigue pendiente”.
“Estamos decepcionados de que la Administración Biden haya optado por defender las decisiones de despido de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación. Le hemos pedido a la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en pleno que dictamine que esos despidos fueron ilegales”, dijo el codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Ahilan Arulanantham.
Disfruta de este y otros contenidos en nuestro canal de Youtube. Visítanos y suscríbete aquí:
