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Comunidad LGTBIQ+ venezolana pidió sancionar discursos discriminatorios en elecciones presidenciales 2024

EE.UU. expuso sus logros con la comunidad LGBTQI+ en el marco del Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia
EE.UU. expuso sus logros con la comunidad LGBTQI+ en el marco del Día Mundial contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia | Foto: Cortesía

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ pidió este jueves al Consejo Nacional Electoral (CNE) tomar medidas para prevenir y sancionar discursos discriminatorios en los próximos comicios en el país, entre ellos las presidenciales, previstas para el segundo semestre de este año.

La organización consideró fundamental que el ente comicial «genere medidas de prevención y sanción ante el posible uso de narrativas homofóbicas y transfóbicas durante procesos de campaña electoral o en el contexto de procesos electorales».

Además de las presidenciales, cuya fecha exacta no ha sido anunciada, Venezuela tiene previsto celebrar, el próximo año, elecciones parlamentarias, regionales y locales.

El observatorio también solicitó «medidas de sensibilización sobre diversidad de género y sexual» en las instituciones públicas y el «cese de la utilización de narrativas contrarias a derechos y dignidad humana» del colectivo LGTBIQ+ por parte del oficialismo.

Según la organización, los «discursos de odio basados en prejuicios» son la «segunda forma de discriminación más común» hacia las personas LGTBI en Venezuela, en cuyas instituciones públicas, aseguró, ha habido una «mayor participación de iglesias y representantes evangélicos».

El pasado diciembre, más de 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas pidieron al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, monitorear la «situación de libertades democráticas y derechos humanos» en el país y «pronunciarse oportunamente» sobre este asunto ante los venideros períodos electorales.

En la misiva, subrayaron la necesidad de «mantener el escrutinio” sobre la administración de Nicolás Maduro y solicitaron a la ONU «velar por la protección del espacio cívico y denunciar las amenazas a personas defensoras» de DD. HH., periodistas, disidencia política, liderazgos indígenas, gremiales, sindicales, estudiantiles, entre otros.

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