Condenan a 10 años por terrorismo a adolescente preso político

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que Gabriel José Rodríguez Méndez, un adolescente de 17 años, recibió una condena de 10 años de prisión por supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas, en un caso que califican como “desproporcionado y doloroso”.

Según la organización, la sentencia afecta de manera significativa la vida y el futuro del joven, quien al momento de su detención cursaba el quinto año de bachillerato. “Esta decisión marca de manera indeleble la vida de un adolescente y amenaza con destruir su potencialidad y su futuro como ciudadano de bien”, afirmó la ONG en X.

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Por su parte, El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) señaló que Gabriel fue detenido de manera arbitraria el 9 de enero de 2025, sin orden judicial, “únicamente por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener ‘pinta de guarimbero’”. Durante su reclusión, el joven sufrió graves problemas de salud, incluyendo infección pulmonar, fiebre y llagas bucales, así como ansiedad y depresión, afectaciones que vulneran su derecho a la integridad personal, protegido por la Lopnna.

El Comité calificó la sentencia como “aberrante e injusta”, recordando que Gabriel es estudiante, pelotero y aprendiz panadero, y que logró culminar su bachillerato a pesar de estar privado de libertad. “Al momento de su detención cursaba el quinto año de bachillerato y soñaba con graduarse junto a sus compañeros… Esta condena no educa ni protege: castiga, estigmatiza y destruye proyectos de vida”, alertó la organización en su pronunciamiento.

Proceso judicial vulneró derechos fundamentales del adolescente

La sentencia fue dictada por la jueza Dayana Castillo del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes, con competencia nacional, con sede en Caracas. Según Clippve, el proceso ignoró derechos fundamentales del adolescente, incluyendo la defensa de su confianza, la participación de sus padres en las audiencias y el derecho a ser oído. “Imponer penas por terrorismo a un adolescente, sin pruebas, basada en un prejuicio político, es desproporcionado, ilegal y contrario a la LOPNNA y a los estándares internacionales de derechos humanos”, destacó el comité.

Las organizaciones de derechos humanos hicieron un llamado a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional para no normalizar lo que califican como “una barbarie judicial” y exigir la nulidad de la sentencia. “Exigimos la nulidad de esta sentencia, la libertad inmediata de Gabriel y el cese del uso del delito de terrorismo para castigar a adolescentes inocentes”, concluyó Clippve.

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