Una corte de apelaciones con sede en Boston, Estados Unidos, rechazó el lunes la solicitud de la administración del presidente Donald Trump para anular el programa de parole humanitario otorgado a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
La resolución del tribunal ratificó la medida tomada por la jueza Indira Talwani en abril, cuando bloqueó de forma provisional la orden del Ejecutivo que pretendía finalizar este beneficio migratorio sin una evaluación individual. En su decisión, Talwani señaló que “todas las notificaciones enviadas a personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela a través de su cuenta en línea del USCIS (…) quedan suspendidas a la espera de una nueva orden judicial”.
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El gobierno de Trump argumentó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tenía la autoridad para cancelar de forma generalizada este estatus temporal. No obstante, la magistrada refutó ese enfoque y subrayó que no se puede revertir este tipo de protección sin justificaciones detalladas y personalizadas. “La secretaria (…) al acortar el período de ‘parole’ otorgado a estas personas, debe tener una decisión razonada”, sostuvo la jueza.
Además, Talwani dejó claro que el “gobierno no ha demostrado ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar” a los migrantes beneficiarios del programa a abandonar el país o quedar en situación irregular. En su fallo, también cuestionó las consecuencias humanas y sociales que implicaría una cancelación abrupta del programa CHNV.
“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”, advirtió. Esta decisión protege temporalmente el estatus legal de más de 530 mil personas acogidas bajo el programa CHNV, implementado durante el mandato del presidente Joe Biden.
Durante audiencias previas, la jueza había mostrado reservas sobre los argumentos de la administración, especialmente cuando esta alegaba que el programa ya no cumplía su función. En ese contexto, afirmó que los beneficiarios quedarían frente a una disyuntiva crítica: “Huir del país o quedarse y arriesgarse a perderlo todo”.
