La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a la administración Trump a avanzar con la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de venezolanos.
Con esta decisión, el litigio continuará en instancias judiciales inferiores mientras la administración republicana toma control del programa. El máximo tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por representantes del gobierno de Trump, lo que abre el camino para anular la designación que otorgaba protección migratoria a más de 300.000 venezolanos.
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La orden fue emitida de forma breve, aunque se dejó constancia de que la jueza Ketanji Brown Jackson, del ala liberal, se opuso a la solicitud. La medida en disputa se remonta a octubre de 2023 y fue extendida en enero de este año, días antes del cambio de gobierno. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el TPS vigente debía expirar en octubre de 2026. No obstante, la secretaria Kristi Noem intentó revocar esa designación en febrero, lo que significaría que las protecciones vencerían este mismo año.
BREAKING — The Supreme Court agrees to pause a lower court ruling that had blocked the Trump administration from revoking the Temporary Protected Status (TPS) of roughly 350,000 Venezuelan migrants. pic.twitter.com/aDFaD3QWXq
— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) May 19, 2025
Un juez del Distrito Norte de California bloqueó inicialmente la acción de Noem, señalando que la decisión podría estar influida por “animadversión racial”. Esta postura fue refutada por el procurador general D. John Sauer, quien en su solicitud de emergencia argumentó que “la orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la policía migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, rápida y discrecional”.
Por su parte, la Alianza Nacional TPS y un grupo de venezolanos presentaron una demanda contra la revocación. Sus abogados alegaron que el objetivo de la administración era evitar el escrutinio legal. “No debería ser sorprendente que sean los tribunales federales quienes digan cuál es la ley”, indicaron en sus declaraciones.
