La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la petición de la administración de Nicolás Maduro de acceder a información confidencial de quienes denunciaron violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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Los jueces del órgano judicial enfatizaron haber recibido toda la documentación necesaria para reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano a petición del Fiscal de la CPI, Karim Khan.
Reiteraron que la solicitud de Maduro “carecía de posibilidades de éxito”, consideraron que se trataba de un “táctica dilatoria para retrasar la decisión de los jueces” sobre las averiguaciones.
La petición del oficialista subrayaba que podía ser que los hechos no hubiesen sido reportados ante el sistema judicial interno de Venezuela, lo que haría necesario que su administración “responda en detalle cada uno de esos alegatos”.
De acuerdo con el comunicado oficial, los jueces argumentaron las siguientes razones:
1. Los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitir a los jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder.
2. Para los jueces, la respuesta de un Estado al informe de las víctimas no está prevista por el marco jurídico de la CPI en esta etapa.
En este sentido, las normas del organismo internacional no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía Maduro de “responder en detalle a cada una de estas alegaciones” de las víctimas.
La Sala de Cuestiones Preliminares afirmó que la participación de la administración de Maduro en dicho procedimiento está sujeta a lo establecido del artículo 24 del Reglamento de la Corte, por lo que no tendrá acceso a la documentación aportada a la CPI por las víctimas.
