Cuando el presidente Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro para que enfrentara cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presentó al régimen oficialista como un socio inesperado pero necesario para estabilizar a Venezuela tras años de colapso económico, corrupción y expansión del crimen organizado. Lo que no apareció en ese mensaje fue la sombra que desde hace años acompaña a Delcy, la figura que emergió como administradora provisional del país tras la caída de Nicolás Maduro.
Documentos obtenidos por The Associated Press y testimonios de funcionarios estadounidenses revelan que Delcy ha estado en el radar de la Administración de Control de Drogas (DEA) desde hace al menos una década. En 2022, incluso fue clasificada como “objetivo prioritario”, una categoría reservada para individuos cuyo rol se considera de “impacto significativo” en el tráfico internacional de drogas. Los expedientes incluyen acusaciones que van desde vínculos con redes de narcotráfico hasta operaciones de contrabando de oro y presunto lavado de dinero en hoteles de Isla Margarita, según un informante confidencial citado por la agencia.
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Aunque Estados Unidos nunca la ha acusado formalmente de un delito, su nombre aparece en casi una docena de investigaciones abiertas en oficinas de la DEA desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York. Varias de esas pesquisas siguen activas, y AP no pudo determinar el alcance específico de cada una. Sin embargo, el volumen de información acumulada muestra que Delcy ha sido un punto de interés sostenido para las autoridades estadounidenses.
La paradoja es evidente: casi inmediatamente después de la captura de Maduro, Trump comenzó a elogiarla públicamente, calificándola como una “persona estupenda” y destacando su interlocución con altos funcionarios en Washington, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio. Ese giro político ocurre mientras la DEA mantiene expedientes que la vinculan con figuras como Alex Saab, señalado como operador financiero del régimen chavista y detenido en 2020 por lavado de dinero antes de ser indultado por Joe Biden en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros.
Steve Dudley, codirector de InSight Crime, lo resume sin rodeos: “El régimen de Venezuela es un sistema híbrido delictivo. La única manera de alcanzar poder dentro del régimen es, como mínimo, instigando actividades criminales. No es un fallo del sistema. Es el sistema”.
María Corina Machado, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca para solicitar mayor respaldo estadounidense a la transición democrática, fue igual de directa: “El sistema de justicia estadounidense tiene suficiente información sobre ella. Su perfil es bastante claro”, afirmó al ser consultada sobre Delcy.
A sus 56 años, Delcy ha escalado hasta la cúspide del poder como una de las colaboradoras más leales del chavismo. Su trayectoria política está marcada por una narrativa ideológica que se remonta a la muerte de su padre, un dirigente socialista fallecido bajo custodia policial cuando ella tenía siete años. A pesar de su retórica antiestadounidense, durante el primer gobierno de Trump buscó atraer inversión desde Washington, contrató cabilderos cercanos al entonces presidente e incluso ordenó a la petrolera estatal aportar 500.000 dólares al comité inaugural republicano.
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Rob Zachariasiewicz, exagente de la DEA con años investigando al régimen de Venezuela, lo plantea sin ambigüedades: “Venezuela es un Estado fallido que apoya el terrorismo, la corrupción, los abusos de derechos humanos y el narcotráfico en las más altas esferas. Delcy ha formado parte de esa organización criminal”.
Los registros de la DEA a los que tuvo acceso AP incluyen informes de la División de Operaciones Especiales, la misma unidad que colaboró en la acusación federal contra Maduro. Entre los documentos figura la declaración de un informante que vincula a Delcy con hoteles usados como fachada para lavar dinero en Isla Margarita, un enclave históricamente asociado al tránsito de drogas hacia el Caribe y Europa. También aparecen investigaciones sobre contratos gubernamentales otorgados a empresas relacionadas con Omar Nassif-Sruji, hermano de la pareja de Delcy, Yussef Nassif. Esas compañías recibieron más de 650 millones de dólares entre 2017 y 2019 para importar alimentos y medicamentos, según documentos obtenidos por Armando.info.
En conjunto, los expedientes delinean un patrón: el poder en el régimen chavista ha estado entrelazado con redes de corrupción, contrabando y estructuras criminales transnacionales. Para Delcy, ese historial representa una espada suspendida sobre su cabeza. Y para Washington, una herramienta de presión.
