La organización de derechos humanos Provea denunció la presunta desaparición forzada y detención arbitraria de Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según sus familiares, Maíz Nadales fue citado el 27 de noviembre de 2024 a una reunión en la sede del ente electoral en Caracas y, desde ese día, no han vuelto a tener contacto con él. Cuatro meses después, su paradero sigue siendo incierto, denunció la ONG.
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De acuerdo con su hija, Bianggi Maíz, el funcionario fue trasladado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y, días después, la familia confirmó que estaba detenido en la sede de Boleíta. “Nos permitieron entregarle medicamentos, porque mi papá es paciente bariátrico e hipertenso”, explicó en un video difundido por Provea.
Sin embargo, el familiar del funcionario indicó que el 16 de diciembre, cuando intentaron verlo nuevamente, les informaron que ya no se encontraba en el lugar. Desde entonces, han recorrido varios centros de detención sin obtener respuestas. El 20 de marzo, la familia supo de manera extraoficial que Albert Maíz había sido presentado ante el Tribunal 2.º de Terrorismo y acusado de traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Recibimos denuncia de presunta desaparición forzada y detención arbitraria a manos de la DGCIM contra Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del CNE.
El 27 de noviembre 2024, Albert fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde se desempeñaba como director de la… pic.twitter.com/0PZwNs6VYN
— PROVEA (@_Provea) April 1, 2025
Provea indicó que a la familia no se les permitió designar un abogado privado. “No nos han permitido verlo, darle sus medicinas y todos los derechos se les están violando, queremos respuestas de los organismos, del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y de la Sala Constitucional del TSJ, solicitamos su liberación”, denunció Bianggi Maíz en el material audiovisual.
En este sentido, Provea recordó que la desaparición forzada está prohibida por la Constitución venezolana y que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse con su familia y contar con una defensa adecuada. “Exigimos su liberación, el respeto al debido proceso y que pueda recibir tratamiento médico adecuado”, dijo la organización.
