Óscar Duque Díaz, de 41 años, fue detenido el pasado 19 de enero en el velódromo de San Cristóbal durante la etapa final de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, por presuntamente «incitar al odio» contra Nicolás Maduro, denunció la ONG Espacio Público.
La detención del ciudadano fue confirmada este jueves por el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. “En el cierre de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, que contó con más de 150 mil personas, un grupo allí, un grito, llamó a derrocar al Gobierno y lanzaba impropios contra el presidente Nicolás Maduro”, dijo el funcionario chavista.
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El gobernador aseguró que el caso se encuentra bajo la supervisión del juez quinto de control, mientras Duque permanece en el centro penitenciario de Santa Ana, acusado de un acto que, según las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, vulnera la normativa legal vigente, de la cuestionada ley del odio, la cual fue introducida por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 y es criticada por organizaciones defensoras de DD. HH. en el país.
De acuerdo con el gobernador, Díaz llevaba un bolso con dinero y entregó 30 mil pesos colombianos, equivalentes a 7,50 dólares, para que otros corearan consignas similares. “Estos mismos muchachos que él les pagó, declararon que les pagó para llamar a lanzar improperios contra el presidente y llamar a su derrocamiento” detalló.
#DenunciaEP | Detuvieron al ciudadano Óscar Duque en el velódromo de San Cristóbal durante la Vuelta al Táchira en Bicicleta el #19ene.
A Duque lo acusan de incitar al odio por lanzar “improperios contra el presidente Nicolás Maduro”, dijo el gobernador Freddy Bernal.
— Espacio Público (@espaciopublico) January 23, 2025
Bernal agregó que al momento de su detención, Díaz admitió ser miembro del partido político Voluntad Popular y aseguró que este tenía antecedentes penales relacionados con una solicitud por robo. Durante sus declaraciones a los medios, Bernal advirtió que quienes incitan a la violencia, ya sea directamente o a través de medios, se enfrentarán a penas estipuladas en la llamada “ley del odio”, con sanciones mínimas de ocho años de prisión.
