El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 12 personas por su presunta participación en una red internacional dedicada al tráfico de personas, fraude de asilo y lavado de dinero, según confirmó la Oficina de Asuntos Públicos.
De acuerdo con los documentos judiciales, los señalados facilitaron el ingreso irregular de miles de extranjeros, principalmente cubanos, mediante solicitudes de visa falsas, operaciones financieras ilegales y la manipulación del proceso migratorio.
La fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, aseguró que el organismo está intensificando sus acciones contra estas redes. “Este Departamento de Justicia está investigando y procesando el tráfico de personas con mayor agresividad que nunca, y la Fuerza de Tarea Conjunta Alfa es la punta de lanza (…) No descansaremos hasta que quienes se benefician del sufrimiento de las personas vulnerables, incluidos muchos niños no acompañados, enfrenten una justicia severa e integral”, expresó.
Por su parte, Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Penal, subrayó el alcance del caso. “Esta acusación formal expone a una organización criminal que introdujo ilegalmente personas a Estados Unidos a gran escala y luego obtuvo fraudulentamente beneficios migratorios para ellas”, indicó.
En la misma línea, el fiscal federal Gregory W. Kehoe, del Distrito Medio de Florida, señaló que “los acusados en este caso conspiraron con otros para violar deliberadamente las leyes de inmigración de nuestro país mientras buscaban enriquecerse personalmente”.
Los acusados fueron identificados como:
- Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, 27 años.
- Yuniel Lima Santos, 30 años.
- Liannys Yaiselys Vega-Pérez, 26 años.
- Marianny Lucía López-Torres, 25 años.
- Frandy Aragón-Díaz, 33 años.
- Erik Ventura-Castro, 23 años.
- Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, 30 años.
- Walbis Pozo-Dutel, 30 años.
- Emanuel Martínez González, 28 años.
- Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 años.
- Layra Libertad Treto Santos, 31 años.
- Gisleivy Peralta Consuegra, 40 años.
De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, todos enfrentan cargos de conspiración para cometer contrabando de extranjeros con fines de lucro, excepto Gisleivy Peralta Consuegra.
