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El Caracazo: Poco más de un tercio de siglo entre preguntas sin respuestas para víctimas y familiares

Fue en horas de la mañana del 27 de febrero de 1989 cuando Venezuela escribiría uno de los eventos más violentos de su historia contemporánea. “El Caracazo» fue una serie de saqueos y disturbios que tuvo lugar en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda, que posteriormente se extendió a la capital de Venezuela.

 

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Conforme transcurrió el día, en otras ciudades de Venezuela como Barquisimeto, Ciudad Guayana, La Guaira, Maracay, Mérida, San Cristóbal y Valencia también se registraron episodios de vandalismo y saqueos a comercios. Esta serie de hechos continuó hasta el 8 de marzo de ese año.

Cerca de 900 bodegas, 850 negocios de mercancía en general, 131 abastos, 95 ferreterías y 62 papelerías serían parte de los daños materiales que dejaron los hechos de «El Caracazo», además de al menos 150 incendios en Caracas.

La represion policial de ese día, para controlar el vandalismo y la violencia desatada en las calles generó lo que se conoce como «la masacre del Caracazo». De acuerdo con el balance ofrecido por el gobierno de turno, encabezado por Carlos Andrés Pérez, hubo 276 muertos. Sin embargo, organismos como el Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) han refutado esta cifras.

Un balance ofrecido por el entonces ministro de la Defensa, Ítalo Augusto del Valle Alliegro, contabilizaba poco más de 300 los fallecidos durante aquellos días.

Aproximadamente 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial, fueron encontrados debido al hallazgo de fosas comunes, gracias a una petición elevada al sistema judicial venezolano por Cofavic, quien ha destacado en su portal web que «nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos».

El 7 de junio de 1999, el Cofavic presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la reparación a las víctimas y familiares. Fue el 11 de noviembre de ese año que el tribunal supranacional decidió «abrir el procedimiento sobre reparaciones y costas, y comisionar al Presidente para que adopte las medidas procedimentales correspondientes».

 

Resarción de daños y reparación a las víctimas

Entre febrero de 2000 y junio de 2001 los representantes de las víctimas y familiares de estos presentaron copias de unos 786 documentos sobre el caso y la solicitud de reparaciones.

Datos de Cofavic señalan que la cantidad de dinero fijada por la CIDH para la reparación de las víctimas por parte del Estado para cada una de estas, por motivo de «daño material», se ubicaría entre los 1.500 y 15.000 dólares por conceptos de «daño emergente», y entre 33.000 y 48.000 dólares por «pérdida de ingresos».

Sobre la reparación por «daños inmateriales», la cantidad de dinero estipulada por concepto de «víctimas de homicidio cuyos restos fueron entregados a sus familiares» sería entre 7.000 y 31.000 tanto para víctimas como para familiares.

Por concepto de «víctimas de la violación de garantías y protección judiciales», la reparación oscilaría entre 2.000 y 5.000 dólares, mientras que por «víctimas lesionadas» sería de 20.000 y 55.000 dólares.

 

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Con relación a la modalidad de cumplimiento de estas reparaciones, la CIDH precisó que «el Estado deberá ejecutar el pago de las indemnizaciones compensatorias, el reintegro de costas y gastos y la adopción de las otras medidas ordenadas dentro del plazo de doce meses a partir de la notificación de esta Sentencia, excepto en lo establecido en los párrafos 73 y 106 de esta sentencia».

«El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de las víctimas y de los familiares, según sea el caso, será hecho directamente a ellos. En caso de que alguna de las víctimas o alguno de los familiares hubiere fallecido o fallece, el pago por concepto de daño inmaterial será hecho a sus herederos», puntualiza el dictamen de la CIDH.

Además de la reparación a las víctimas, «el Estado debe emprender, en los términos de los párrafos 118 a 120 de la presente Sentencia, una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda.
esas indemnizaciones se pagaron.? hay que agregar eso

Cofavic denunció en enero de 2023 un «altísimo índice de impunidad» en las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. De las investigadas entre 2017 y 2021, solo 16% ha obtenido sentencia condenatoria, según la ONG.

 

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