El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), introduce modificaciones significativas para facilitar la regularización de personas migrantes en España.
La reforma, que entrará en vigor el 20 de mayo de 2025, simplifica trámites, reduce requisitos y podría beneficiar a unas 300.000 personas anualmente durante los próximos tres años, según datos difundidos por las autoridades españolas.
Según informó El Mundo, la principal novedad radica en la reconfiguración de las figuras de arraigo, que ahora exigen dos años de residencia en lugar de tres. Entre las modalidades se incluyen el arraigo social, que requiere demostrar vínculos familiares o integración social; el sociolaboral, que rebaja de 30 a 20 horas semanales el contrato laboral necesario.
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Por otro lado, se encuentra el aspecto socio formativo, que permite trabajar mientras se cursa formación, y el de segunda oportunidad, creado para quienes tuvieron permisos previos no renovados. Además, el arraigo familiar se limita a progenitores de ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea.
Otro aspecto destacado es la incompatibilidad del arraigo con la solicitud de protección internacional. De acuerdo con la normativa, el tiempo de residencia como solicitante de asilo no será considerado para regularizarse por arraigo, tal como establecen la legislación europea y el Tribunal Supremo. No obstante, se introduce una medida transitoria que reduce de dos años a seis meses el tiempo mínimo de residencia exigido para personas cuya petición de asilo haya sido rechazada en firme, siempre que cumplan los requisitos necesarios.
La reforma también amplía las posibilidades de reagrupación familiar
De acuerdo con la normativa, se aumenta de 21 a 26 años la edad de los hijos que pueden ser beneficiarios y se reconoce a parejas no registradas formalmente, siempre que puedan demostrar una relación estable. Asimismo, se facilitan los trámites para familiares de víctimas de trata, violencia sexual o de género.
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En términos de permisos de residencia, todas las autorizaciones iniciales tendrán una duración de un año, y las renovaciones serán por cuatro años. Para los trabajadores temporales, se garantiza una mayor protección con contratos individuales o colectivos, además de permitir cambios de empleador en caso de abusos.
Asimismo, quienes lleguen a España por estudios contarán con permisos acordes a la duración de su formación, y se les permitirá enlazar rápidamente a una autorización de trabajo tras finalizar sus estudios.
