Los familiares de más de veinte presos políticos venezolanos con nacionalidad española denunciaron el abandono del Gobierno de España, un hecho que ha provocado indignación por su gravedad y carga moral, según una editorial del diario ABC.
Los reclusos permanecen en centros penitenciarios señalados por organismos de derechos humanos por sus condiciones inhumanas, como El Helicoide y Rodeo I, careciendo de juicio y de acceso a la protección consular. “Siento que han sido indiferentes. La política exterior española frente a los presos políticos venezolanos con nacionalidad española ha sido, por no decir nula, insuficiente”, lamentó una familiar de uno de los detenidos.
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El medio español señala que más de 800 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, de las cuales al menos veinte poseen ciudadanía española. Entre ellos destacan Alejandro González, Rocío San Miguel, Fernando Noya y Catalina Ramos, cuyos casos no han recibido atención del Ministerio de Exteriores español. Denuncia que la falta de acción contrasta con la mediación de países como Estados Unidos y Brasil, que lograron excarcelaciones recientes de sus ciudadanos.
La editorial critica que la excusa de la doble nacionalidad, utilizada por España para justificar la inacción, no se aplica en otros casos, donde sí se ha defendido a ciudadanos en situaciones menos graves. ABC califica este comportamiento como una doble moral: “No puede ser generosa para otorgar pasaportes, pero cobarde para extender el amparo que implica esa ciudadanía”, enfatizando la contradicción entre el acceso a la nacionalidad y la protección efectiva.
Concluye que la inacción del Gobierno español ante los presos políticos con doble nacionalidad representa un fallo en los principios del Estado de derecho y un abandono de sus ciudadanos, mientras la “política exterior se subordina a cálculos ideológicos”, dejando desprotegidos a quienes enfrentan condiciones extremas en prisiones venezolanas.






