os familiares de los detenidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado Monagas denunciaron que la paralización del sistema judicial venezolano por la pandemia ha incrementado el retraso procesal, hecho que los motivó a pronunciarse ante lo que ellos consideran la violación de los derechos de los reos.
Lea también: Universitarios manifestaron a dos años de la tragedia del Fuerte Paramacay
Los afectados además denuncian hacinamiento en el lugar de reclusión.
Los allegados de los detenidos iniciaron una protesta pacífica este miércoles y decidieron permanecer frente a las puertas del organismo policial, hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades.
José González, familiar de uno de los detenidos, resaltó que es necesario que comiencen las audiencias preliminares de los reos que tienen más de 45 días en el recinto policial.
“El recinto presenta condiciones de hacinamiento, razón por la cual consideramos es imprescindible el debido traslado, los presos no pueden ni siquiera sentarse porque no tienen espacio. Esperamos que a todo aquel que necesite su traslado, se le dé”.
Señaló que se han presentado situaciones irregulares, como la desaparición de las boletas de los privados de libertad, por lo que exigen se haga seguimiento a cada caso y estos sean trasladados al Palacio de Justicia, para se evalúe cada expediente y se les dé una respuesta concreta.
Ana Morales, madre de uno de los reclusos, explicó con preocupación que “necesitamos que acudan al Cicpc Maturín, porque hay detenidos que están enfermos, incluso con infecciones en la planta de los pies, otros hasta con coronavirus, fiebre, diarrea y vómito”.
Los familiares de reos solicitaron celeridad en el traslado de los detenidos para atención médica, en caso de necesitarse. Además dijeron que son 120 reclusos que se encuentran en precario estado de Salud
Henry Pineda, defensor público en la región, informó que debido a las denuncias realizadas por los familiares en varias oportunidades sobre la situación de los detenidos, se permitió la visita de los defensores el próximo lunes.
Resaltó que los traslados al Centro Penitenciario de Oriente no dependen de la Fiscalía ni del Ministerio Público, asegurando que estos son responsabilidad del Ministerio de Servicio Penitenciario, porque es el ente encargado de autorizar los traslados cuando exista capacidad para descongestionar los centros preventivos.
