La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó los argumentos presentados por la administración de Nicolás Maduro debido a que “carecen de fundamento” para negar que se hayan cometido presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
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Así lo informó el fiscal Karim Khan a través de un documento publicado el 30 de marzo de 2023, agregando que las objeciones del oficialismo a que se reanude la investigación por presuntos delitos y ataques sistemáticos contra la población civil “no se justifican, malinterpretan varios elementos y no presentan evidencia o información concreta”.
Khan explicó que la Fiscalía concluyó que una “base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del gobierno venezolano fueron supuestamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual”.
Asimismo, el fiscal afirmó que la comisión múltiple de estos actos constituyen “un ataque contra una población civil en cumplimiento o en apoyo de una política de Estado”.
Destacó que las autoridades venezolanas no han llevado a cabo los procesos requeridos para enjuiciar a los responsables ni proporcionado información sobre los casos presentados .
A finales de 2022, la administración de Maduro argumentó que los crímenes no se cometieron dentro de su jurisdicción y que “solo ocurrieron incidentes aislados de abuso”.
Adicionalmente, alegó que las cifras presentadas por la fiscalía de la CPI no son representativas y que la mayoría de los abusos no ocurrieron en un contexto de “custodia” o “control”.
Ante estos argumentos, la Fiscalía respondió que los delitos fueron graves y no aislados: “Actos de violencia, como palizas, asfixia, ahogamientos y descargas eléctricas” son solo algunos de los crímenes que denuncian las víctimas en Venezuela.
La CPI expresó que los supuestos casos de tortura no se registran solamente en centros de detención y que pueden cometer particulares o grupos, tales como los colectivos.
A su vez, consideró que pese a que el Estado venezolano insiste en que se están “llevando a cabo investigaciones, esta malinterpretación de términos puede traer como consecuencia que no se aborden «necesariamente todos los mismos hechos ni se refleje daño diferenciable sufrido por una víctima de violencia sexual”
