La fiscal saliente de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, presentó un informe en el que detalla que la administración de Nicolás Maduro presuntamente cometió crímenes contra la humanidad en Venezuela, detallando que todos estos delitos serán investigados por el organismo internacional.
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“La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, detalla el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares presentado por Bensouda.
El documento presentado este martes y con fecha del 15 de junio resalta los presuntos crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad de la administración de Maduro, entre los que se citan casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
Asimismo, la fiscalía de la CPI detalla que los responsables de estos delitos son la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (Conas), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Además, la información disponible indica que personas afines al gobierno también participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia”, agrega el informe.
“Inacción” por parte de las autoridades
La fiscalía de la CPI también determinó la falta de “inacción por parte del Ministerio Público venezolano y del fiscal Tarek William Saab, resaltando que “no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos”,
“Han iniciado procedimientos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal (…) Los procedimientos internos no se han llevado a cabo de manera independiente o imparcial, lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con un intención de llevar al interesado ante la justicia”, detalla el informe.
