El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró este viernes que las elecciones ganadas este 2023 por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un «golpe de Estado» en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho” ya que “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.
La presunta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, en rueda de prensa, quien dijo que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano.
Como presunta razón para la anulación de las elecciones, Morales afirmó que existe una irregularidad administrativa ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral.
«Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados», aseveró Morales, quien añadió que las votaciones «son nulas de pleno derecho».
La abogada y diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea Zeceña, advirtió en sus redes sociales que el Ministerio Público «no tiene ninguna autoridad» para declarar como nulas las elecciones.
En la misma conferencia de prensa, la Fiscalía también señaló a Arévalo de León de supuestas ilegalidades en la formación de su partido en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero.
La OEA condenó el “intento”
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se pronunció al respecto, condenando este viernes «el intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala» por la tentativa de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales para anular las elecciones generales del país.
En un comunicado, la oficina del secretario general de la organización, Luis Almagro, solicitó al presidente del país, Alejandro Giammattei; a la Corte Constitucional; a la Corte Suprema de Justicia y al Congreso que actúen contra los “perpetradores de este atentado”para “defender las instituciones y el orden constitucional”.
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